Familiares denuncian mala praxis en Centro Cardiovascular de Lara tras muerte de la abogada Oneidis Daza
Barquisimeto- En una manifestación realizada frente a la sede de la Fiscalía Superior del Estado Lara, familiares de la abogada Oneidis Daza, de 29 años, exigieron celeridad en las investigaciones y denunciaron presunta negligencia médica que causó su fallecimiento. El caso, que ya se encuentra a cargo de la Fiscalía 10, involucra un procedimiento quirúrgico
Familiares de la abogada Oneidis Daza, de 29 años, exigen celeridad procesal frente a la sede de la Fiscalía Superior del Estado Lara, en Barquisimeto, tras denunciar una presunta negligencia médica que ocasionó el deceso de la joven. El caso, bajo la conducción de la Fiscalía 10 de la entidad, se centra en una intervención quirúrgica realizada en el Centro Cardiovascular Regional Ascardio, de acuerdo con los reportes publicados por el medio digital El Pitazo.
La denuncia formalizada por los parientes de la víctima busca esclarecer las circunstancias que rodearon el procedimiento médico efectuado a mediados de julio. La movilización ciudadana y la entrega de un documento ante el Ministerio Público reflejan la demanda de transparencia en un caso que involucra a una de las instituciones cardiovasculares de mayor trayectoria en la región centrooccidental de Venezuela.
Desarrollo de los hechos y antecedentes médicos
El historial clínico de Oneidis Daza comenzó con molestias físicas que la paciente inicialmente asoció con calambres en una de sus extremidades inferiores. Ante la persistencia y complicación de los síntomas, la abogada acudió al Hospital del Seguro Social Dr. Pastor Oropeza, ubicado en Barquisimeto. En este centro de salud público, el personal médico de guardia advirtió sobre la gravedad de su estado general y la necesidad de una atención especializada de carácter urgente.
Con base en este diagnóstico, la paciente fue trasladada al Centro Cardiovascular Regional Ascardio. El propósito del traslado era someterla a una intervención de cateterismo programada para el 15 de julio, diseñada para extraer coágulos de sangre alojados en los pulmones. Según los testimonios de los familiares directos, el equipo médico a cargo aseguró que el procedimiento no conllevaba un peligro inminente para la vida de la paciente. Aunque los especialistas informaron sobre los riesgos inherentes a este tipo de cirugías y solicitaron la firma del consentimiento informado obligatorio, transmitieron a la familia garantías de un desenlace favorable.
Oneidis Daza falleció el 16 de julio, un día después de la operación. El certificado de defunción emitido tras el deceso determinó que la causa formal de la muerte fue hemopericardio, taponamiento cardíaco y shock cardiogénico, derivado de una laceración del tronco pulmonar.
El padre de la víctima, Onorio Daza, de 66 años, y su hermano, Reider Daza, de 32 años, quien actúa como portavoz del grupo familiar, sostienen que la laceración en el tronco pulmonar registrada en el informe forense constituye una evidencia directa de un error técnico e instrumental durante el desarrollo de la cirugía. Los familiares informaron que la autopsia de ley fue realizada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamefc) con la participación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), un procedimiento técnico que los denunciantes valoraron positivamente por su rigurosidad.
Durante las concentraciones de protesta, los portavoces familiares desmintieron de forma categórica las versiones que circulaban en entornos locales sobre una supuesta intervención estética reciente. La familia precisó que Daza se había sometido a una liposucción dos años antes del suceso, por lo que este antecedente no guarda vinculación temporal ni clínica con el cuadro de coágulos pulmonares que motivó su ingreso a Ascardio.
Implicaciones económicas y ofertas de mediación
La denuncia penal también expone las condiciones financieras bajo las cuales se pactó el servicio médico. El costo total de la intervención quirúrgica en el centro cardiovascular se fijó en 12.000 dólares. Los familiares explicaron que lograron costear y transferir la suma de 8.000 dólares mediante la plataforma digital Zelle a cuentas bancarias vinculadas directamente a la administración de Ascardio, quedando un saldo pendiente de 4.000 dólares al momento del deceso.
Reider Daza denunció públicamente que, tras confirmarse el fallecimiento de su hermana, personas vinculadas a la institución médica intentaron aproximarse a la familia para ofrecer compensaciones económicas. Según las declaraciones del portavoz, estas propuestas tenían como finalidad detener la difusión pública del caso y frenar el avance de las acciones legales. La familia rechazó tales ofrecimientos y ratificó su decisión de no establecer acuerdos extrajudiciales con los representantes del centro de salud, señalando directamente a los directivos de la institución por la responsabilidad del suceso.
Contexto del ejercicio médico y la justicia en Venezuela
El caso de Oneidis Daza se enmarca en un contexto complejo para el sistema de salud venezolano, caracterizado por la coexistencia de un sistema público con severas limitaciones de insumos y un sector privado o especializado cuyos costos resultan restrictivos para la mayoría de la población. La necesidad de recurrir a transacciones en divisas extranjeras y plataformas de pago internacionales como Zelle para costear cirugías de alta complejidad es una práctica extendida en el país ante la pérdida de valor de la moneda local y la falta de cobertura de los seguros médicos tradicionales.
Desde la perspectiva jurídica, el delito de homicidio culposo por negligencia o impericia médica se encuentra tipificado en el Código Penal venezolano. El artículo 409 de dicha norma establece sanciones para quien, por imprudencia, negligencia, impericia en su profesión, arte u oficio, o por inobservancia de los reglamentos, cause la muerte de alguna persona. El proceso de demostración de una mala praxis médica exige un análisis pericial sumamente técnico, donde los informes del Senamefc y las evaluaciones de expertos independientes son determinantes para establecer si existió una desviación de los protocolos médicos estándar (lex artis).
La desconfianza en la celeridad de los procesos judiciales en el país suele motivar a las familias de las víctimas a recurrir a la denuncia pública y a la movilización en la calle. El temor al archivo fiscal o al retardo procesal, comúnmente denominado "engavetamiento", es una constante que los denunciantes de este caso mencionaron de forma expresa al solicitar que el expediente en la Fiscalía 10 no se detenga.
Perspectiva y acciones futuras
Los familiares de la abogada Oneidis Daza manifestaron su determinación de continuar con las jornadas de protesta pacífica en el estado Lara. Asimismo, indicaron que no descartan trasladar sus reclamos ante las direcciones generales del Ministerio Público y los órganos de justicia correspondientes en la ciudad de Caracas para evitar que el prestigio de la institución señalada o la influencia de sus directivos interfieran en el desarrollo de las investigaciones penales.
La resolución de este caso dependerá del análisis científico de las pruebas recabadas por el CICPC y de las declaraciones que deban rendir los integrantes del equipo médico que participó en la operación del 15 de julio. El debate sobre la responsabilidad médica, la transparencia en los costos hospitalarios y las garantías de seguridad para los pacientes permanece como un tema prioritario en la agenda de discusión social en el estado Lara.
