El excongresista David Rivera fue declarado culpable. Crédito: AP
Un jurado federal declaró culpables este viernes al excongresista republicano David Rivera y a la consultora política Esther Nuhfer por su participación en una operación de cabildeo extranjero vinculada a Venezuela, valorada en $50 millones de dólares durante el primer gobierno del Donald Trump.
Ambos enfrentaron cargos federales por conspiración contra Estados Unidos, actuar como agentes extranjeros sin registrarse, incumplir la ley de registro de agentes extranjeros y conspiración para lavado de dinero en relación con trabajos presuntamente realizados para el gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
Rivera, amigo del secretario de Estado Marco Rubio, se desempeñó como congresista por Florida entre 2011 y 2013, y quien tiene permaneció sin mostrar reacción visible mientras se leía el veredicto.
En el momento del fallo, se encontraba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó su detención inmediata al considerar que existía riesgo de fuga, debido al acceso a recursos financieros, la posible pena de prisión prolongada y otros cargos federales pendientes en Washington relacionados con cabildeo extranjero.
El proceso judicial se extendió durante siete semanas y expuso el papel de Miami como punto estratégico en campañas de influencia extranjera dirigidas a la política estadounidense hacia América Latina.
El juicio incluyó testimonios del secretario de Estado Marco Rubio, del congresista Pete Sessions y de una persona que hace cabildeo de Washington, quienes declararon haber desconocido inicialmente la existencia del contrato de consultoría vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
De acuerdo con la acusación federal de 11 cargos presentada en 2022, Rivera habría sido contactado por la entonces canciller venezolana Delcy Rodríguez para utilizar sus contactos políticos en Estados Unidos con el objetivo de influir en la política exterior del gobierno de Trump y suavizar las sanciones contra Venezuela.
Los fiscales alegaron que Rivera y Nuhfer utilizaron su red de contactos políticos, incluidos Rubio y Sessions, para impulsar gestiones diplomáticas relacionadas con el gobierno venezolano, describiendo estas interacciones como parte de una estrategia de influencia encubierta.
Durante los alegatos finales, el fiscal Roger Cruz sostuvo que los acusados mantuvieron en secreto sus actividades de cabildeo y no las registraron como exige la ley federal. También afirmó que la omisión buscaba evitar el impacto político que habría tenido en la carrera de Rivera como defensor del anticomunismo.
