Excarcelan a dos presos por el caso Paramacay: ¿qué se sabe de la sentencia del capitán Caguaripano?
La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó este miércoles, 11 de noviembre, la excarcelación de Dídimo Antonio Pernía Bastidas y Óscar Alejandro Caamaño Valero, quienes permanecían privados de libertad desde agosto de 2017 y habían sido condenados a 30 años de prisión por su presunta vinculación con el caso
La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la excarcelación de Dídimo Antonio Pernía Bastidas y Óscar Alejandro Caamaño Valero, quienes permanecían privados de libertad desde agosto de 2017 tras ser condenados a 30 años de prisión por su presunta vinculación con la denominada Operación David, vinculada al asalto del Fuerte Paramacay.
El anuncio de las medidas sustitutivas de libertad coincide con la emisión de un aviso de la Sala Número 2 de la Corte de Apelaciones y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo. El tribunal, bajo la dirección del juez Carlos Bonilla Álvarez, fijó para el martes 17 de noviembre la audiencia formal de notificación de sentencia para el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, y el resto de los procesados en la causa.
Excarcelaciones y vulneraciones procesales
De acuerdo con los datos difundidos por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Dídimo Pernía sufrió tratos crueles e inhumanos durante el tiempo en que permaneció bajo custodia preventiva e internamiento penitenciario. Por su parte, en el caso de Óscar Caamaño, la ONG señaló que el ciudadano fue juzgado en la jurisdicción civil pese a que las imputaciones presentadas por el Ministerio Público correspondían a delitos de carácter militar.
Ambos ciudadanos acumulaban más de nueve años de reclusión continua desde su aprehensión en agosto de 2017. La pena máxima impuesta en su momento por el tribunal de juicio, correspondiente a 30 años de cárcel, fue objeto de sucesivos recursos de apelación interpuestos por los equipos de defensa técnica, los cuales denunciaron fallas sustanciales en la valoración probatoria y el quebrantamiento de garantias constitucionales durante el debate oral.
La medida de libertad otorgada a Pernía y Caamaño se produce en un contexto de revisiones de medidas cautelares registradas en el circuito judicial de Carabobo, aunque los abogados defensores no han precisado si el beneficio responde a un otorgamiento de libertad plena o a medidas sustitutivas sujetas a régimen de presentación.
Incertidumbre sobre la resolución judicial de Caguaripano
Paralelamente a las excarcelaciones, la Sala Número 2 de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo hizo pública una boleta con fecha 9 de noviembre donde cita a las partes involucradas a la sede penal de Valencia para el 17 de noviembre a las 10:00 a. m., con el propósito de dar lectura formal a la decisión sobre la apelación del caso.
A pesar de las versiones extraoficiales que circularon en plataformas digitales sobre la ratificación de la condena de 30 años contra el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, la representación jurídica de los procesados desmintió haber tenido acceso directo al texto del fallo.
La abogada Jennie Gutiérrez, coordinadora de la organización Foro Penal en el estado Carabobo, reportó que el juzgado ha impedido a los defensores la revisión física de los cuadernos de archivo del expediente, circunstancia que impide ratificar el sentido exacto del dictamen judicial.
En esa misma línea, el abogado defensor Juan Luis González Taguaruco argumentó que la sola emisión de una convocatoria para la lectura de la sentencia no implica automáticamente la confirmación de la pena impuesta en primera instancia. El jurista cuestionó la celeridad con la que el tribunal fijó la notificación sin permitir previamente el examen exhaustivo de los fundamentos de la resolución por parte de las defensas.
Cronología de retrasos procesales y la Operación David
El origen de la causa judicial se remonta al 6 de agosto de 2017. Durante la madrugada de esa jornada, un grupo conformado por civiles y efectivos militares bajo el mando del capitán Juan Carlos Caguaripano irrumpió en las instalaciones del Fuerte Paramacay, sede de la 41.ª Brigada Blindada del Ejército en Valencia. El hecho, calificado por el Ejecutivo nacional como una rebelión armada denominada Operación David, concluyó con la sustracción de parque de armas y la posterior detención de los involucrados en distintos procedimientos de seguridad.
Según registros periodísticos reportados por el medio El Pitazo, el proceso de apelación contra las sentencias condenatorias dictadas en diciembre de 2025 contra 23 personas, entre civiles y militares, ha estado marcado por diferimientos e irregularidades en los lapsos establecidos por el Código Orgánico Procesal Penal.
El 26 de agosto de 2026, tras una audiencia oral que se extendió por más de seis horas, la Corte de Apelaciones de Carabobo se reservó un plazo legal de 10 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de anulación o modificación de las condenas por los delitos de rebelión militar y traición a la patria. El lapso venció sin que el tribunal emitiera el fallo.
A comienzos de octubre de 2026, Irene Olazo, esposa del capitán Caguaripano y residente en el exilio en Costa Rica, denunció que el expediente había sido sustraído de la Sala Número 1 de la Corte de Apelaciones. Posteriormente, el 15 de octubre, Olazo informó que el caso fue remitido de forma administrativa a la Sala Número 2, decisión que conllevó la anulación de las actuaciones previas y la repetición del debate oral el 28 de octubre.
Condiciones de reclusión y estado de salud
La defensa y la familia de Caguaripano han documentado de forma continua las condiciones de encarcelamiento del oficial. El capitán permanece bajo custodia en el penal El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, en un área destinada a celdas de aislamiento de dimensiones reducidas.
Los familiares del militar han denunciado ante organismos internacionales la falta de atención médica oportuna para atender las secuelas físicas derivadas de los episodios de tortura reportados tras su detención en 2017. La postura del entorno familiar coincide en señalar que los constantes diferimientos y cambios de juzgado en la fase de apelación constituyen una vulneración sistemática del derecho a la tutela judicial efectiva.
Contexto legal y debido proceso
El desarrollo del caso Paramacay pone de manifiesto patrones procesales que han sido examinados por diversas organizaciones de derechos humanos en el país. Entre ellos destaca el juzgamiento de civiles en jurisdicciones impropias, la dilación injustificada de la fase recursiva y las limitaciones impuestas a los abogados de libre ejercicio para consultar las actas de las causas penales.
Las excarcelaciones de Pernía y Caamaño representan un giro parcial en la situación del grupo de los 23 procesados por los sucesos de la 41.ª Brigada Blindada. Sin embargo, el estatus definitivo del proceso dependerá de lo que dictamine la Corte de Apelaciones de Carabobo en la audiencia pautada para el 17 de noviembre, en la que se determinará si la justicia ratifica, modifica o anula las sentencias impuestas contra Caguaripano y el resto de los procesados.
