Un movimiento integrado por más de 30 personas exiliadas de la prisión, familiares de detenidos, dirigentes sindicales y representantes del sector empresarial inició en Guayana, estado Bolívar, una movilización de alcance nacional. El propósito de esta iniciativa es visibilizar la situación de más de 540 ciudadanos que continúan privados de libertad por motivos políticos en Venezuela y exigir la restitución de sus derechos fundamentales. La campaña surge como respuesta a la continuidad de los procesos judiciales contra quienes han sido excarcelados bajo medidas restrictivas y a la permanencia de centenares de personas en los centros de reclusión del país.
Procesos judiciales abiertos y el uso de detenidos como herramientas de negociación
Daniel Romero, quien estuvo privado de libertad por motivos políticos en el estado Bolívar, señaló que la mayoría de las personas que han salido de las cárceles aún enfrentan procesos judiciales activos en los tribunales. Romero criticó que las medidas de liberación anunciadas recientemente por las autoridades no hayan incluido a la totalidad de los afectados, lo que mantiene en la incertidumbre a cientos de familias. De acuerdo con las declaraciones del activista, los jueces y fiscales encargados de estos casos continúan aplicando procedimientos que vulneran las garantías constitucionales de los procesados.
Romero también manifestó su rechazo a que las personas detenidas sean utilizadas como elementos de presión o fichas de canje en las mesas de negociación política entre el sector oficialista y los representantes de la oposición. Desde su perspectiva, cualquier proceso de diálogo orientado hacia una transición democrática en el país debe pasar obligatoriamente por la liberación absoluta y sin condiciones de todos los presos políticos, evitando que sus casos sean instrumentalizados para obtener concesiones de otra índole.