Estados Unidos ha dado luz verde para que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, que permanece ... detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.
Hasta ahora, la Administración estadounidense impedía que el Ejecutivoo del país caribeño cubriera los honorarios de los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, también encarcelada y procesada por tráfico de drogas, debido a las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela.
La defensa del matrimonio se había aferrado a este punto para intentar lograr la anulación de la acusación, con el argumento de que prohibir a un acusado acceder al abogado de su elección constituye una violación de un derecho garantizado por la Sexta enmienda de la Constitución estadounidense.
Ahora, el Departamento del Tesoro va permitir «a los abogados de la defensa recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones», escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el pasado viernes.
Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del pasado 5 de marzo y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo del país caribeño. Estos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington. De acuerdo con el escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una operación del Ejército estadounidense, que empleó unos 150 aviones y helicópteros, además de tropas terrestres. Desde entonces, permanecen recluidos por separado en una prisión de máxima seguridad en el distrito neoyorquino de Brooklyn.
El expresidente venezolano se autodenomina «prisionero de guerra» y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
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