Especialista aseguró que el doble terremoto evidenció la vulnerabilidad institucional de Venezuela
A su juicio, depender del apoyo de rescatistas extranjeros evidenció la falta de recursos y el desfinanciamiento de organismos como bomberos y protección civil.
El Doble Terremoto que Desnudó la Fragilidad Institucional de Venezuela: Una Alerta Sísmica para el Estado
La Guaira, Venezuela. El estruendo de un doble terremoto, con magnitudes de 7.2 y 7.5, sacudió las costas venezolanas el pasado 24 de junio, dejando a su paso escombros, pánico y una verdad ineludible: la profunda vulnerabilidad institucional de Venezuela frente a la embestida de la naturaleza. Más allá de la devastación material, que en sí misma es un golpe demoledor para una nación ya exhausta, el evento sísmico ha servido como un catalizador para evidenciar las deficiencias crónicas de un Estado con una capacidad de respuesta severamente comprometida.
Omar Vázquez Heredia, integrante del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), no se anduvo con rodeos al afirmar que el sismo expuso el alto nivel de desprotección del país ante fenómenos naturales extremos. En una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, Vázquez fue categórico: la respuesta de los organismos de protección civil fue "ineficiente", un calificativo que resuena con la percepción generalizada de una ciudadanía que, en tiempos de crisis, se siente cada vez más abandonada a su suerte. La imagen de edificios derrumbados, de la búsqueda desesperada entre los escombros y la subsiguiente espera de auxilio, se ha convertido en un sombrío recordatorio de que la vulnerabilidad de un país no se mide solo por su exposición geográfica a las amenazas, sino, y quizás más fundamentalmente, por la solidez o el descalabro de sus instituciones.
Un País en la Falla: Contexto de Vulnerabilidad y Desidia
Venezuela, estratégicamente ubicada en la intersección de las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, es un país intrínsecamente sísmico. Su historia geológica está marcada por terremotos devastadores, desde el que arrasó Caracas en 1812 hasta el de Cariaco en 1997 o el de Güiria en 2018, por mencionar solo algunos. Esta realidad geográfica debería haber impulsado, desde hace décadas, una cultura de prevención, inversión en infraestructura sismorresistente y el desarrollo de un sistema robusto de gestión de riesgos. Sin embargo, la trayectoria reciente del país ha transitado por el camino opuesto.
Comentarios de la comunidad
Inicia sesión para comentar y sumarte a la conversación.
La afirmación de Vázquez Heredia sobre la "ineficiencia" de la respuesta no es un juicio aislado, sino el eco de un diagnóstico más amplio sobre el estado de los servicios públicos y las instituciones venezolanas. La crisis económica prolongada, caracterizada por hiperinflación, contracción del PIB y una profunda escasez de recursos, ha desmantelado progresivamente la capacidad operativa de entidades esenciales. Bomberos, Protección Civil, servicios de salud y organismos de planificación urbana, que deberían ser la primera línea de defensa en una emergencia, han sido víctimas de un desfinanciamiento crónico, la fuga masiva de talento humano calificado (el llamado "éxodo venezolano") y la obsolescencia de equipos e infraestructura.
El recorte presupuestario ha dejado a estas instituciones en un estado de precariedad extrema. Los camiones de bomberos carecen de mantenimiento o combustible, los equipos de rescate son insuficientes o están averiados, y el personal, a pesar de su heroísmo y vocación, opera con salarios irrisorios y sin la formación continua ni los recursos necesarios para afrontar un desastre de gran magnitud. En este contexto, la dependencia del apoyo de rescatistas extranjeros, como señaló Vázquez, no es una muestra de cooperación internacional deseable, sino una dolorosa evidencia de la incapacidad del propio Estado para proteger y asistir a sus ciudadanos en momentos críticos. Esta situación no solo socava la soberanía y la autonomía operativa del país, sino que también erosiona la confianza de la población en sus propias instituciones.
Implicaciones: El Costo Humano y Político de la Indiferencia
Las implicaciones de esta vulnerabilidad institucional son multifacéticas y de largo alcance, afectando esferas sociales, políticas y económicas que ya de por sí están bajo severa presión.
En el ámbito social, el impacto es devastador. Las comunidades más empobrecidas y los asentamientos informales, a menudo construidos en zonas de alto riesgo con materiales precarios y sin supervisión técnica, son los más afectados. La pérdida de viviendas no es solo un problema material; es la destrucción del patrimonio familiar, el desarraigo, el trauma psicológico y la interrupción de la vida cotidiana. Los sobrevivientes enfrentan un futuro incierto, con la difícil tarea de reconstruir sus vidas en un entorno donde las ayudas estatales son escasas y la capacidad de resiliencia comunitaria está mermada por años de crisis. La falta de un censo actualizado y de planes de evacuación y albergue eficientes agrava la situación, dejando a miles de personas en la indefensión y profundizando las desigualdades existentes.
Políticamente, la ineficacia en la respuesta a desastres naturales socava aún más la legitimidad del Estado. En un país donde la confianza en las instituciones ha alcanzado mínimos históricos, la incapacidad de proteger a la ciudadanía en momentos de crisis refuerza la percepción de un gobierno ausente o incompetente. Esto puede generar descontento social, protestas y una mayor polarización, complicando cualquier intento de estabilidad o gobernabilidad. Además, la necesidad de recurrir a la ayuda internacional puede interpretarse como una debilidad en el escenario global, afectando la imagen del país y su capacidad para negociar o atraer inversiones. La transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria y en los procesos de reconstrucción se convierte también en un punto crítico, en un contexto marcado por la opacidad y la corrupción.
Económicamente, el doble terremoto representa una carga adicional para una economía ya devastada. Los costos de la reconstrucción, la reparación de infraestructuras vitales (carreteras, puentes, servicios básicos), la atención médica a los heridos y la reubicación de los damnificados son inmensos. Estos gastos se suman a las ya precarias finanzas públicas, desviando recursos que podrían destinarse a otras necesidades urgentes como la salud, la educación o la reactivación productiva. La interrupción de actividades económicas en las zonas afectadas, aunque sea temporal, contribuye a la contracción económica y a la pérdida de empleos, agravando la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.
Hacia un Sistema de Gestión del Riesgo: Un Camino Impostergable
Frente a este panorama desalentador, las propuestas de Omar Vázquez Heredia no son solo recomendaciones, sino un llamado urgente a la acción y a un cambio de paradigma. El país debe transitar de un enfoque reactivo, que se limita a responder una vez que el desastre ha ocurrido, a un sistema nacional de gestión del riesgo proactivo y holístico.
Este sistema debe sustentarse en varios pilares fundamentales:
Prevención y Mitigación: Esto implica la elaboración y aplicación rigurosa de normas de construcción sismorresistente, especialmente en zonas de alto riesgo. Requiere la fiscalización de las obras, la rehabilitación de infraestructuras antiguas y la reubicación planificada de asentamientos vulnerables.
Preparación: Un componente clave es la creación de un Observatorio Nacional de Eventos Naturales y Climáticos Extremos, que permita monitorear, investigar y generar alertas tempranas. Esto debe ir acompañado de campañas de educación ciudadana, simulacros regulares y el fortalecimiento de los organismos de respuesta con personal capacitado, equipos modernos y financiamiento adecuado.
Planificación Territorial con Participación Ciudadana: Vázquez insistió en la obligación de los distintos niveles del Estado de elaborar planes de ordenación territorial que definan adecuadamente el uso de los terrenos, identificando zonas de riesgo y protegiendo áreas vitales. Esta planificación debe ser transparente y, crucialmente, contar con la participación activa de la ciudadanía, garantizando que las decisiones respondan a las necesidades reales de las comunidades y no a intereses políticos o económicos particulares. La diferenciación entre la exposición a amenazas naturales y la vulnerabilidad de la población es clave: mientras la primera es inevitable, la segunda puede y debe reducirse mediante políticas públicas, inversión y una capacidad de respuesta fortalecida.
Respuesta y Recuperación: Mejorar la coordinación interinstitucional, establecer protocolos claros de emergencia y garantizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales para una respuesta rápida y efectiva. La fase de recuperación debe enfocarse no solo en la reconstrucción física, sino también en la resiliencia social y económica de las comunidades afectadas.
Conclusión: El Terremoto como Metáfora de una Nación
El doble terremoto que golpeó a Venezuela ha sido más que un evento sísmico; ha sido una metáfora cruda de la condición de una nación. Sus temblores no solo movieron la tierra, sino que sacudieron los cimientos de una institucionalidad ya frágil, dejando al descubierto las profundas grietas de un Estado que ha desatendido su responsabilidad primordial: proteger a sus ciudadanos.
La reconstrucción física de lo que se ha perdido es una tarea monumental, pero la verdadera emergencia radica en la reconstrucción de la confianza y la capacidad institucional. Para "Libertad VZLA", la libertad de expresión no solo implica informar sobre los hechos, sino también exigir responsabilidad y proponer soluciones. La advertencia del especialista Omar Vázquez Heredia debe ser tomada como una hoja de ruta impostergable. Venezuela no puede permitirse el lujo de seguir esperando el próximo desastre para reaccionar. La gestión del riesgo no es un gasto, es una inversión en la vida, en la seguridad y en el futuro de un país que merece levantarse sobre bases sólidas, tanto geológicas como institucionales. La resiliencia de su gente es innegable, pero no puede seguir siendo la única línea de defensa ante la negligencia de quienes ostentan el poder. Es hora de que el Estado asuma su rol y construya, de una vez por todas, un verdadero muro de contención contra la vulnerabilidad.
