«Es imposible tener un negocio al 100 %»: comerciantes denuncian en Punto y Contexto extorsiones del Seniat
Caracas.- Las denuncias sobre presuntos mecanismos de extorsión durante fiscalizaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) generaron reacciones de comerciantes y empresarios en el programa Punto y Contexto, luego de que el director de El Pitazo, César Batiz, explicara un esquema denunciado por fuentes y exfuncionarios del organismo. En el programa,
Comerciantes y empresarios de distintas regiones de Venezuela han denunciado la existencia de presuntos esquemas de extorsión ejecutados durante las jornadas de fiscalización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). De acuerdo con testimonios recopilados en el programa Punto y Contexto, transmitido por el medio digital El Pitazo, estas irregularidades consisten en el uso de procedimientos legales de fiscalización para imponer sanciones desproporcionadas que luego son reducidas mediante transacciones informales y pagos de dádivas a los funcionarios actuantes. El director de El Pitazo, César Batiz, expuso que estas denuncias provienen tanto de contribuyentes afectados como de exfuncionarios del propio organismo tributario nacional.
El mecanismo de presión fiscal
El esquema operativo descrito en el espacio informativo detalla que, si bien las fiscalizaciones y los reparos fiscales constituyen herramientas legales consagradas en la legislación venezolana para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, su aplicación se desvía con fines particulares. Según las fuentes consultadas por el mencionado medio de comunicación, los fiscales del Seniat formulan reparos por montos elevados con el propósito de generar un estado de alarma en el propietario del establecimiento. Una vez establecida la presión financiera y legal, los funcionarios abren canales de negociación informales para proponer una reducción considerable del monto oficial de la multa a cambio de un beneficio económico directo para el personal fiscalizador.
Este tipo de prácticas no se limita a un sector específico ni a una sola localidad del territorio nacional. Los reportes presentados señalan una regularidad en la ejecución de estos procedimientos que afecta a pequeños, medianos y grandes comerciantes. El análisis del esquema revela que la desproporción entre la sanción inicial propuesta y el monto finalmente acordado sirve como incentivo para que los contribuyentes opten por la vía informal, ante el riesgo inminente de cierre o quiebra de sus unidades productivas.
El caso de Maturín y la imposibilidad de la formalidad absoluta
Uno de los casos documentados por El Pitazo corresponde a un empresario que opera en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas. Este comerciante relató que durante un proceso de fiscalización llevado a cabo en el año 2025, los funcionarios del Seniat le impusieron un reparo inicial equivalente a 8.000 dólares. Tras iniciar las conversaciones fuera del marco formal, la sanción oficial se redujo a poco más de 800 dólares. No obstante, para concretar dicha rebaja, el contribuyente debió entregar un pago en efectivo de 100 dólares directamente al fiscal asignado, además de una botella de whisky destinada al supervisor del operativo.
El testimonio del empresario de Maturín ilustra un dilema estructural para el sector comercial venezolano. Según sus palabras transmitidas en el programa de televisión digital, para muchas empresas resulta más viable desde el punto de vista financiero presupuestar el costo de las multas y los pagos informales anuales que intentar mantener la operatividad bajo un cumplimiento estricto de la totalidad de las normativas vigentes. El comerciante afirmó que sostener un negocio funcionando al 100% de la legalidad formal implicaría un incremento de costos de tal magnitud que obligaría a subir los precios al público, perdiendo competitividad frente a otros actores del mercado que operan bajo esquemas de informalidad total o parcial.
Asimismo, la denuncia proveniente de Monagas señala la existencia de mecanismos internos de competencia dentro de las oficinas del organismo público. El denunciante aseguró que en la sede del Seniat de Maturín se utiliza una pizarra de control donde se registran de forma de lista los procesos de fiscalización iniciados y concluidos por cada funcionario, lo que, según su interpretación, funciona como un sistema de incentivos o competencia interna para acelerar la apertura de expedientes contra los comercios locales.
Extensión a otras regiones y administraciones municipales
La problemática expuesta en el programa Punto y Contexto no constituye un hecho aislado del oriente del país. Propietarios de establecimientos en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, manifestaron haber experimentado procedimientos de fiscalización bajo las mismas características de presión y posterior negociación en la totalidad de sus locales comerciales. Las denuncias de los usuarios coinciden en que la imposición de sanciones con montos elevados es una práctica recurrente para forzar el acuerdo extraoficial.
Adicionalmente, los testimonios recabados por El Pitazo indican que esta modalidad de recaudación informal se ha extendido a las administraciones tributarias de carácter municipal. De acuerdo con las declaraciones de los contribuyentes, en diversas alcaldías del país se aplican metodologías similares, donde se emiten citaciones formales bajo amenazas de remate o confiscación de los locales comerciales para exigir el cobro de multas derivadas de deudas tributarias menores. Esta situación incrementa la vulnerabilidad del sector comercial, el cual debe enfrentar presiones impositivas y discrecionalidades tanto a nivel nacional como local.
Implicaciones económicas y administrativas para el sector comercial
La persistencia de estos esquemas de fiscalización irregular genera consecuencias directas sobre la estructura económica venezolana. En primer lugar, desincentiva la formalización de nuevos emprendimientos y empuja a las empresas existentes hacia la economía informal como mecanismo de supervivencia frente a la discrecionalidad administrativa. La incertidumbre sobre el costo real de las obligaciones tributarias impide una planificación financiera a mediano y largo plazo, limitando las posibilidades de inversión y generación de empleo estable.
Por otra parte, la distorsión en la aplicación de las normativas fiscales afecta la recaudación real del Estado. Los recursos que deberían ingresar a las arcas públicas para el financiamiento de servicios e infraestructura terminan desviados hacia el patrimonio particular de los funcionarios que participan en la cadena de fiscalización. Esto debilita la capacidad de gestión de las instituciones y perpetúa un entorno de desconfianza mutua entre el sector privado y el sector público.
La imposibilidad manifestada por los comerciantes de
