El Mañanero del 21 de mayo: Son más de 300 y piden que sean liberados todos
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Fuente Original
Runrun.es
21 may. 2026
La reciente promesa de excarcelación para 300 personas consideradas presos políticos en Venezuela, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha sido recibida con un rotundo escepticismo y condena por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas voces, que monitorean incansablemente la situación en el país, califican la medida como "insuficiente" y exigen la libertad plena para la totalidad de los detenidos por motivos políticos, cuya cifra duplica con creces la anunciada por el oficialismo.
La Discrepancia Alarmante: Cifras que Hablan de una Crisis Profunda
La coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, articuló la posición de la sociedad civil organizada, destacando la brecha significativa entre el anuncio gubernamental y la realidad documentada. Según los registros de JEP, la cifra de personas privadas de libertad por razones políticas asciende a 654, lo que convierte la liberación de 300 en una medida paliativa que no aborda la magnitud del problema. La organización, junto con el Foro Penal y Laboratorio de Paz, ha sido enfática en su demanda de una excarcelación sin condiciones para todos aquellos que, a su juicio, han sido criminalizados por su disidencia o activismo.
Esta disparidad en las cifras no es meramente estadística; subraya una narrativa en conflicto sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Mientras el Estado presenta liberaciones parciales como gestos de apertura, las organizaciones de la sociedad civil insisten en la existencia de un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, persecución política y uso del sistema judicial como herramienta de represión. La insistencia en la liberación total refleja la convicción de que solo así se puede empezar a desmantelar la estructura de criminalización que ha afectado a miles de venezolanos.
Un Patrón de Vulneración: Más Allá de las Rejas
La problemática de los presos políticos es solo una arista de una crisis humanitaria y de derechos humanos mucho más amplia que atraviesa Venezuela. Las organizaciones no solo denuncian las detenciones, sino también el trato que reciben los excarcelados y la persistencia de un ambiente de impunidad. Se ha puesto de manifiesto la "revictimización y criminalización pública" que sufren los adolescentes una vez que recuperan su libertad, lo que sugiere que la salida de prisión no siempre significa el fin de la persecución, sino una nueva fase de estigmatización y vulnerabilidad.
En este contexto, las denuncias de torturas en centros de detención como El Rodeo I resuenan con especial gravedad. Nahuel Gallo, un nombre que emerge en las denuncias, ha señalado directamente a directivos de este penal como responsables de prácticas de tortura. Estas acusaciones, si bien específicas, se insertan en un patrón más amplio de informes sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones venezolanas, que han sido documentados por múltiples instancias nacionales e internacionales. La falta de rendición de cuentas por tales actos agrava la percepción de un sistema judicial que no garantiza la justicia ni protege a los ciudadanos.
La Protesta Social y la Criminalización de la Disonancia
La indignación ciudadana frente a estas violaciones ha encontrado expresión en diversas protestas, que a menudo son respondidas con represión y nuevas acusaciones. La consigna "Ni un muerto más" se ha levantado en exigencia de la destitución del ministro Julio García Zerpa, tras incidentes que evidencian la brutalidad en el manejo de las manifestaciones. Este tipo de demandas reflejan un hartazgo ante la impunidad y la falta de respuesta gubernamental a las exigencias de justicia.
Paralelamente, la exclusión de universidades del pago de bonos sociales y la posterior responsabilización de estas instituciones por parte de una ministra, ilustra un patrón de deslegitimación y confrontación con sectores críticos de la sociedad. En lugar de asumir la responsabilidad por las fallas en la distribución de beneficios o por la precarización de la educación superior, el gobierno ha optado por culpar a las propias instituciones académicas, exacerbando las tensiones y limitando el espacio para el diálogo y la solución de problemas fundamentales. Estas acciones no solo afectan la calidad de vida de miles de estudiantes y profesores, sino que también socavan la autonomía universitaria y la libertad académica.
La Retórica Política y el Futuro Constitucional
El panorama político venezolano se complica aún más con la retórica gubernamental, que a menudo criminaliza la disidencia y siembra dudas sobre las intenciones de la oposición. Las declaraciones de Diosdado Cabello, en las que afirmó que la oposición no podría gobernar bajo la Constitución actual y que su primer acto sería derogarla, son un ejemplo de esta estrategia. Esta narrativa no solo busca desacreditar a los adversarios políticos, sino que también genera un ambiente de polarización extrema, donde cualquier intento de cambio es presentado como una amenaza existencial al orden establecido.
Estas afirmaciones, cargadas de un fuerte componente ideológico, alimentan la confrontación y dificultan la búsqueda de consensos para una salida pacífica y democrática a la crisis. Al presentar la Constitución como un bastión inamovible que solo el oficialismo puede defender, se cierra la puerta a debates necesarios sobre reformas o transiciones que podrían ser vitales para el futuro del país.
El Contexto Regional: Un Eco de Represión y Control Militar
La situación de Venezuela no es un hecho aislado en el continente. La crítica internacional se extiende a otros regímenes con características similares de control autoritario. Un ejemplo es el mensaje del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigido al pueblo cubano, ofreciendo una "nueva relación" y señalando la incompetencia económica, la corrupción y el control militar ejercido por conglomerados como GAESA sobre los recursos de la isla.
Aunque no directamente sobre Venezuela, estas declaraciones resuenan en Caracas, donde también se ha denunciado la creciente influencia de los militares en la economía y la opacidad en la gestión de los recursos. Este eco regional subraya un patrón preocupante de erosión democrática, militarización de la economía y vulneración de derechos en varios países, lo que refuerza la urgencia de una respuesta global coordinada y una presión sostenida para la restauración de las libertades fundamentales.
Conclusión: La Lucha por la Libertad Plena Continúa
La liberación parcial de 300 presos políticos, aunque un alivio para esas familias, dista mucho de ser una solución a la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil, con sus registros detallados y sus denuncias constantes, recuerdan al mundo que la lucha por la libertad plena y la justicia para los 654 detenidos, y para todos los venezolanos, sigue siendo una prioridad ineludible. La persistencia de la represión, la impunidad y la retórica polarizante sugiere que el camino hacia la plena restitución de los derechos y la consolidación democrática será largo y arduo, exigiendo la vigilancia constante y el compromiso inquebrantable de todos los actores que anhelan una Venezuela libre y justa.
