El reciente y devastador doble sismo que sacudió Caracas y La Guaira ha dejado a su paso un rastro de destrucción y desesperación. Más allá de la furia incontrolable de la naturaleza, una voz experta se alza para señalar un factor crucial que, a su juicio, magnificó la catástrofe: la crónica falta de supervisión estatal en las construcciones. La arquitecta venezolana Susana Carrillo González, en un análisis contundente, ha puesto el dedo en la llaga de una problemática que trasciende los movimientos telúricos, revelando un sistema donde excelentes normativas técnicas se desvanecen ante la negligencia, la corrupción y la ausencia de fiscalización efectiva, transformando un fenómeno natural en una tragedia de proporciones mucho mayores.
El impacto emocional y material de los sismos es incalculable. Edificios colapsados, vidas perdidas y la angustia de miles de familias marcan un antes y un después. Sin embargo, el cuestionamiento de Carrillo González no es solo una crítica, sino una llamada de atención urgente sobre las responsabilidades humanas detrás de la fragilidad de nuestra infraestructura. Su análisis, profundamente arraigado en el conocimiento técnico y la realidad venezolana, desvela cómo las bases de la seguridad de nuestros hogares y ciudades se han erosionado por la inacción y la falta de rigor.
La Paradoja de la Normativa y la Realidad Constructiva
Venezuela cuenta con una normativa antisísmica robusta y reconocida, la norma COVENIN 1756. Esta legislación, que incluye zonificaciones y microzonificaciones sísmicas detalladas, no es un documento reciente ni improvisado. Su reforzamiento y actualización, la última de ellas en 2019, se gestaron precisamente a raíz de experiencias dolorosas, como el terremoto de 1967 en Caracas, que dejó miles de víctimas y evidenció la necesidad imperiosa de construir bajo parámetros de resistencia sísmica. La existencia de esta norma demuestra que el conocimiento y las directrices técnicas para edificar de forma segura en un país altamente sísmico no solo están disponibles, sino que han sido perfeccionadas a lo largo de décadas.
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La paradoja, según Carrillo González, radica en la brecha abismal entre lo que la norma estipula y lo que se ejecuta en el terreno. El problema no es la ausencia de una ley, sino la ausencia de su aplicación. “Venezuela tiene normativas excelentes, pero se quedan en el papel porque nadie fiscaliza que lo que se construye sea lo que dicen los planos”, sentencia la arquitecta. Esta afirmación no es menor; apunta directamente a una falla sistémica en la cadena de responsabilidad, desde la planificación hasta la ejecución y la inspección final de las obras.
La Vulnerabilidad Geológica: Un Factor Agravado por la Intervención Humana
Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por el reciente sismo, comparten una característica geológica que las hace particularmente vulnerables: su composición de suelo. Ambas regiones se asientan sobre extensos depósitos de sedimentos y aluviones, formados a lo largo de miles de años. A diferencia de un suelo rocoso y rígido, estos suelos blandos amplifican las ondas sísmicas, haciendo que las edificaciones experimenten movimientos mucho más intensos y prolongados.
En Caracas, particularmente en zonas como Los Palos Grandes, se han documentado hasta 380 metros de sedimento antes de alcanzar la roca firme. Esta condición exige estudios de suelo exhaustivos y el uso de cimentaciones especiales, como pilotes profundos, para garantizar la estabilidad de las estructuras. Sin embargo, la prisa por construir, la especulación inmobiliaria y, nuevamente, la falta de supervisión, a menudo han relegado estas consideraciones a un segundo plano.
La situación en La Guaira es aún más dramática. Tras el devastador deslave de 1999, que reconfiguró por completo la geografía costera y dejó vastas extensiones de nuevos sedimentos, se emprendieron numerosos proyectos de reconstrucción y desarrollo habitacional. Sorprendentemente, muchas de estas nuevas edificaciones, incluyendo complejos de la Misión Vivienda, se levantaron sobre estos mismos depósitos aluviales inestables y, en algunos casos, con alturas que excedían lo recomendable para el tipo de suelo.
El "Efecto Pancake" y la "Planta Baja Blanda": Errores de Diseño y Ejecución
La arquitecta Carrillo González destaca dos fallas estructurales recurrentes que contribuyeron significativamente al colapso de edificios: la "planta baja blanda" y el "efecto pancake".
La planta baja blanda se refiere a edificios donde el nivel inferior carece de muros de mampostería, estando compuesto principalmente por columnas que soportan toda la estructura superior. Si bien un diseño adecuado puede mitigar este riesgo, la ausencia de paredes en la planta baja la convierte en un punto de extrema vulnerabilidad durante un sismo. Las columnas, al no tener el refuerzo lateral que proporcionan los muros, se mueven excesivamente, concentrando el peso y las fuerzas sísmicas sobre ellas.
Cuando estas columnas fallan, se produce el efecto pancake: los pisos superiores se desploman uno sobre otro, como una pila de panqueques, causando un colapso total y catastrófico. Este fenómeno es resultado directo de un cálculo estructural deficiente o de una ejecución que no cumplió con las especificaciones de diseño, especialmente en la cantidad y disposición del acero de refuerzo. El concreto, que resiste la compresión, necesita el acero para aportar la ductilidad necesaria que permite al edificio moverse y disipar la energía sísmica sin fracturarse. Si el acero es insuficiente o los estribos (los aros que envuelven las barras longitudinales) están demasiado separados, la estructura pierde su capacidad de deformarse plásticamente y se fractura bruscamente.
“Las constructoras a veces también intentan abaratar costos, colocando menos acero o distanciando los estribos de las columnas”, revela Carrillo González. Esta práctica, motivada por la reducción de gastos, es una sentencia de muerte para las edificaciones en zonas sísmicas y un testimonio de la irresponsabilidad que puede prevalecer en la industria de la construcción sin una supervisión adecuada.
Implicaciones: El Costo Humano, Político y Económico de la Negligencia
Las consecuencias de esta falta de supervisión y cumplimiento normativo son multifacéticas y devastadoras para Venezuela.
En el ámbito social, el costo es inconmensurable. La pérdida de vidas humanas, el trauma de los sobrevivientes, la destrucción de hogares y la consecuente ola de desplazados generan un tejido social roto y una profunda sensación de inseguridad. La confianza en las instituciones y en la seguridad de la infraestructura se erosiona, dejando a la población a merced del miedo y la incertidumbre. Además, la tragedia exacerba las desigualdades sociales, ya que a menudo son las comunidades más vulnerables, con menor acceso a viviendas seguras y bien construidas, las que sufren las peores consecuencias.
Políticamente, la situación exige una rendición de cuentas ineludible. La falta de fiscalización por parte del Estado no es solo una deficiencia administrativa; es una negligencia grave que compromete la seguridad nacional y la vida de sus ciudadanos. El señalamiento de Carrillo González sobre la histórica práctica de “pagar al inspector” para evitar la supervisión revela un entramado de corrupción que ha socavado los cimientos de la gobernabilidad y la confianza pública. En un país donde el Estado asume un rol protagónico en la construcción de viviendas, como a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas recae directamente sobre sus hombros. La incapacidad o falta de voluntad para ejercer esta supervisión es un reflejo de una crisis institucional más profunda, donde la transparencia y la rendición de cuentas son meras quimeras.
Desde la perspectiva económica, las implicaciones son igualmente severas. La reconstrucción de las zonas afectadas representa una carga financiera monumental para una nación ya asfixiada por una profunda crisis económica. Los recursos que deberían destinarse a la recuperación económica y el desarrollo sostenible ahora deben desviarse para reparar el daño de una tragedia que, en gran medida, pudo haberse mitigado. La pérdida de propiedades, la paralización de actividades comerciales y la disminución del valor de los bienes inmuebles en las zonas afectadas son solo la punta del iceberg. A largo plazo, la falta de confianza en la seguridad de las construcciones puede desalentar la inversión, tanto nacional como extranjera, afectando el crecimiento y la recuperación económica. El costo de no invertir en una supervisión rigurosa y en el cumplimiento de las normas es, a fin de cuentas, infinitamente mayor que el costo de hacerlo.
Un Llamado Urgente a la Transparencia y la Responsabilidad
El terremoto en Venezuela, y el análisis de expertas como Susana Carrillo González, es un doloroso recordatorio de que los desastres naturales pueden ser amplificados hasta convertirse en tragedias humanas por la negligencia y la corrupción. La existencia de excelentes normas técnicas no sirve de nada si no se fiscaliza su cumplimiento. La historia del terremoto de 1967 llevó a la creación de COVENIN 1756; la tragedia actual debe llevar a su aplicación férrea.
Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y establezca mecanismos de control exhaustivos y transparentes. Se requiere una reforma profunda de los sistemas de inspección y fiscalización, garantizando que los inspectores sean profesionales calificados e independientes, libres de presiones o incentivos corruptos. La ciudadanía, por su parte, debe exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades y a las empresas constructoras.
La reconstrucción no solo debe ser física, sino también ética e institucional. Es una oportunidad, en medio del dolor, para reafirmar el compromiso con la vida, la seguridad y el bienestar de los venezolanos. Solo así se podrá evitar que futuros sismos, inevitables en nuestra geografía, se conviertan nuevamente en tragedias magnificadas por la mano humana y la omisión de quienes tienen el deber de proteger. La vida de miles de venezolanos depende de que las lecciones de esta catástrofe no se queden, una vez más, en el papel.
