La investigación de la Policía Nacional española sobre el denominado ‘caso Zapatero’ ha comenzado a desvelar una intrincada red de tráfico de influencias y comisiones ilegales con profundas conexiones en Venezuela, y en su epicentro, aunque con una figuración inicial discreta, emerge el nombre de Oscar Cunto André, un abogado con una doble vida profesional que lo sitúa entre la alta gerencia de un bufete internacional y la vicepresidencia de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Las pesquisas lo señalan como representante y propietario de empresas que habrían servido de vehículos para pagos fraudulentos, encubriendo transacciones ilícitas y revelando la compleja simbiosis entre el poder político, el mundo corporativo y el deporte en el ecosistema de la corrupción chavista.
El entramado Zapatero: Corrupción transnacional con sello venezolano
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española ha destapado una “estructura organizada y estable” liderada presuntamente por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta trama, orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la obtención de ventajas económicas para terceros, ha revelado una sorprendente cantidad de lazos con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela. La génesis de este escándalo se remonta a 2020, con el polémico rescate de 53 millones de euros otorgado por el Estado español a la aerolínea Plus Ultra, una compañía en apuros cuyos accionistas mantenían estrechos vínculos con la influyente Delcy Rodríguez, entonces Vicepresidenta Ejecutiva y referida en algunos círculos como "Presidenta Encargada" por su poder.
La red de tráfico de influencias, lejos de limitarse al caso Plus Ultra, se extendió como una mancha de tinta, permeando las estructuras de poder tanto en España como en Venezuela. Los documentos judiciales, que superan las 800 páginas y a los que ha tenido acceso el medio de investigación Armando.info, detallan cómo al menos 60 personas y un conglomerado de 31 empresas, muchas de ellas de carácter instrumental, participaron en la emisión de contratos y facturas de consultoría ficticias, cuyo único propósito era camuflar el pago de comisiones ilegales. Entre los involucrados se encuentran desde altos jerarcas del régimen de Caracas hasta una serie de personajes de menor perfil, todos tejiendo una tupida red de corrupción transnacional.



