EEUU los vincula con una red de narcotráfico y sus familiares aseguran que son pescadores
Veintiocho tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por
Un grupo de 28 tripulantes ecuatorianos, capturados en aguas del océano Pacífico por fuerzas militares de Estados Unidos, arribó al puerto de Manta, en la provincia de Manabí, Ecuador. El traslado se realizó en medio de protestas de familiares y allegados que rechazan las acusaciones de narcotráfico presentadas por las autoridades norteamericanas y defienden que los detenidos realizaban labores exclusivas de pesca artesanal.
Las detenciones, ocurridas entre el miércoles y el jueves de la presente semana, forman parte de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ejecutado en coordinación con el gobierno de Ecuador. De acuerdo con los reportes de la agencia EFE, las embarcaciones interceptadas, identificadas como Conquista II y OM2, fueron hundidas en altamar tras el procedimiento militar, una práctica habitual en estas operaciones internacionales para evitar riesgos de navegación o la recuperación de bienes por parte de organizaciones delictivas.
La Armada del Ecuador informó a través de un comunicado que nueve de los detenidos pertenecían a la embarcación Conquista II, mientras que diecinueve formaban parte de la tripulación de la OM2. El traslado se completó a bordo de una unidad guardacostas de la institución militar ecuatoriana, que atracó en el puerto de Manta en horas de la tarde. Un grupo adicional de ocho tripulantes de la embarcación Conquista II permanecía en tránsito hacia el mismo puerto bajo custodia de otra unidad naval.
Las acusaciones del Comando Sur y del Gobierno ecuatoriano
El Comando Sur de los Estados Unidos sostiene que las embarcaciones interceptadas no cumplían funciones de pesca, sino que operaban como estaciones logísticas flotantes de reabastecimiento de combustible. Según la hipótesis de las autoridades estadounidenses, estas naves prestaban apoyo a las lanchas rápidas empleadas por la organización delictiva Los Choneros, una de las estructuras criminales más antiguas y con mayor presencia operativa en el territorio ecuatoriano.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, refrendó esta versión en una entrevista concedida al canal de televisión local Teleamazonas. El funcionario explicó que el procedimiento es el resultado de un proceso de investigación conjunta que cuenta con cooperación internacional. Según la explicación oficial, las naves nodrizas o de soporte logístico permiten que embarcaciones menores cargadas con sustancias estupefacientes se abastezcan de combustible en alta mar, facilitando su tránsito hacia puertos en México y, posteriormente, su ingreso a los Estados Unidos.
El uso de naves pesqueras de mediana escala para el reabastecimiento de combustible y la asistencia técnica de lanchas rápidas (conocidas como "go-fast") es una modalidad ampliamente documentada por las agencias de seguridad en el Pacífico oriental. No obstante, la línea divisoria entre el reclutamiento forzoso de trabajadores del mar, el uso no consentido de sus recursos y la participación directa en redes de delincuencia organizada sigue siendo un punto de alta controversia legal y social en las comunidades costeras de Ecuador.
El reclamo de las familias y la crisis del sector pesquero
En las afueras de la Capitanía del Puerto de Manta, decenas de familiares de los tripulantes detenidos se concentraron para exigir información y protestar contra las detenciones y el hundimiento de las embarcaciones. Con pancartas que rezaban consignas como "No al atropello contra nuestros pescadores" y "Ellos son inocentes, no son delincuentes", los manifestantes denunciaron que las detenciones privan a decenas de familias de su único sustento económico.
Portavoces de las familias movilizadas señalaron que la falta de oportunidades de empleo formal y las condiciones de precariedad en las comunidades costeras obligan a los trabajadores a internarse en alta mar durante semanas en condiciones de alta vulnerabilidad. Según argumentan, la destrucción de las naves Conquista II y OM2 no solo elimina la evidencia de las actividades de pesca que supuestamente realizaban, sino que destruye las herramientas de trabajo de las que dependen económicamente varios núcleos familiares de la región de Manabí.
A la manifestación en Manta también se sumaron familiares de ocho pescadores ecuatorianos que se encuentran desaparecidos desde enero, tras zarpar en el barco Fiorella. Este grupo de familias exige respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y vincula las desapariciones con los constantes patrullajes y detenciones que realizan las fuerzas navales extranjeras en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Ecuador y en aguas internacionales adyacentes.
Implicaciones de la cooperación militar de EE.UU. en el Pacífico
La intervención de naves militares estadounidenses en aguas del Pacífico latinoamericano responde a convenios bilaterales de seguridad marítima que se han intensificado en los últimos años. El pasado miércoles se cumplió un año desde el inicio de una campaña sostenida por el Ejército de Estados Unidos contra el tráfico ilícito de drogas en la cuenca del Caribe y en las costas del Pacífico de América Latina.
De acuerdo con datos recopilados por agencias de prensa y organizaciones de derechos humanos, este despliegue militar ha dejado un saldo de más de 220 personas fallecidas en alta mar durante los últimos doce meses. El aumento de los incidentes armados y las interceptaciones ha generado preocupación en organizaciones no gubernamentales. Amnistía Internacional ha solicitado formalmente que se investigue el nivel de participación y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en diversos incidentes marítimos, incluyendo la desaparición de la tripulación del Fiorella en enero y otros dos ataques registrados durante el mes de marzo en las inmediaciones del archipiélago de las Galápagos.
El debate se centra en los límites jurídicos de la interceptación en aguas internacionales y la protección de los derechos humanos de los tripulantes. Mientras que los protocolos de seguridad nacional de Ecuador y Estados Unidos priorizan la interrupción de los flujos logísticos de las bandas de narcotráfico, los gremios de pescadores artesanales y los defensores de derechos humanos advierten sobre la falta de garantías procesales cuando las detenciones y la destrucción de la propiedad se realizan en alta mar, lejos de la jurisdicción de los tribunales civiles.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad interna caracterizada por la expansión de grupos de delincuencia organizada que utilizan la costa del Pacífico como plataforma de salida para el mercado internacional de cocaína. En este contexto, la provincia de Manabí y el puerto de Manta se han convertido en puntos críticos de control militar, donde confluyen la presión de las políticas de seguridad del Estado, la cooperación militar extranjera y la resistencia de las comunidades pesqueras locales que denuncian la criminalización de su actividad tradicional.
