Dos hospitales en Caracas están inhabilitados por daños en su infraestructura tras los terremotos
La vicepresidenta de Salud, Isabel Iturria, informó que el hospital Periférico de Coche en Caracas tuvo que ser cerrado temporalmente por los daños que sufrió su infraestructura tras el doble terremoto del 24 de junio. De acuerdo con una nota de prensa de su despacho, el hospital Francisco Antonio Rísquez, en Cotiza, también está temporalmente
Caracas, la capital venezolana, enfrenta una cruda realidad que los recientes movimientos sísmicos han puesto de manifiesto con dramática claridad: la fragilidad de su infraestructura hospitalaria. Dos de sus centros de salud, el Periférico de Coche y el Francisco Antonio Rísquez en Cotiza, han sido clausurados temporalmente debido a daños estructurales severos, mientras otros hospitales vitales se ven obligados a reubicar pacientes, revelando un sistema sanitario ya precario que se tambalea ante cualquier embate externo.
Un Sistema al Límite: La Grieta Sísmica en la Infraestructura Sanitaria
Los terremotos del 24 de junio no solo sacudieron la tierra, sino que también expusieron las profundas deficiencias acumuladas durante años en la red hospitalaria de Caracas. La vicepresidenta sectorial de Salud, Isabel Iturria, confirmó el cierre temporal del Hospital Periférico de Coche y del Francisco Antonio Rísquez, en Cotiza, ambos inhabilitados por los estragos en sus edificaciones. Esta medida, aunque presentada como preventiva y temporal, es un síntoma alarmante de la vulnerabilidad de infraestructuras que deberían ser pilares de estabilidad, especialmente en una región de alta actividad sísmica.
Más allá de los cierres totales, otros centros de referencia cruciales también sufrieron afectaciones significativas. El Hospital J.M. de los Ríos, emblema de la atención pediátrica en el país, reportó daños en cielorrasos y mampostería, obligando a la interrupción de sus servicios en algunas áreas. Similar situación se vivió en la Maternidad Concepción Palacios, un baluarte para la salud materno-infantil. Estos incidentes no son meramente consecuencias de un desastre natural; son el resultado de una falta crónica de mantenimiento, inversión adecuada y supervisión de la calidad constructiva que ha caracterizado al sector salud venezolano durante la última década. La infraestructura física de los hospitales, ya deteriorada por la corrosión del tiempo y el abandono, se ha convertido en un riesgo latente para pacientes y personal, una bomba de tiempo que los sismos recientes activaron.
La clausura de estos hospitales y la afectación de otros no solo reduce la capacidad operativa del sistema sanitario capitalino, sino que también agudiza la crisis humanitaria que se vive en el país. Pacientes que dependen de estos centros para tratamientos complejos, cirugías o atención especializada se ven ahora inmersos en un periplo de incertidumbre, buscando alternativas en un sistema ya colapsado. La situación es un reflejo de cómo la infraestructura básica de un país, cuando es desatendida, puede colapsar en los momentos más críticos, magnificando los efectos de cualquier calamidad natural.
Reubicaciones Forzadas y la Incertidumbre de los Pacientes
La respuesta inmediata a los daños estructurales ha sido la movilización de pacientes. La viceministra Iturria destacó que se ha garantizado el traslado de los internados, ya sea a zonas seguras dentro de los mismos hospitales o a otras instituciones. Sin embargo, la frialdad de estas declaraciones contrasta con la angustia que estas reubicaciones implican para las personas afectadas.
En el caso del Hospital J.M. de los Ríos, los pacientes y su personal médico y de enfermería fueron trasladados al Hospital Cardiológico Infantil. Si bien esta medida busca asegurar la continuidad de la atención, genera una disrupción considerable. Los niños, ya vulnerables por sus condiciones de salud, son expuestos a un cambio de entorno, de rutinas y, potencialmente, a una sobrecarga de un centro que no estaba diseñado para absorber esa demanda adicional.
De manera análoga, la Maternidad Concepción Palacios tuvo que desplazar a parte de sus pacientes al Hospital Universitario de Caracas, con otros siendo referidos a centros materno-infantiles en El Valle o Caricuao. Esta dispersión de pacientes, aunque necesaria en la emergencia, fragmenta la atención y sobrecarga a los hospitales receptores, muchos de los cuales ya operan con recursos limitados y personal exhausto. La logística de estas transferencias, la disponibilidad de camas, equipos y especialistas en los centros receptores, son desafíos monumentales en un contexto de escasez crónica. La promesa de "garantizar el traslado" no siempre se traduce en una atención óptima, sino en una adaptación forzada a las circunstancias, muchas veces con la calidad de servicio comprometida.
La insistencia oficial en que "la exigencia al sistema de salud ha bajado considerablemente" desde las primeras horas de la emergencia, y que "83% de los pacientes heridos atendidos en este contexto ya se encuentran en sus hogares", merece un análisis crítico. ¿Esta disminución se debe a una recuperación efectiva de la población o a la incapacidad del sistema para absorber nuevas demandas, llevando a los ciudadanos a desistir de buscar atención o a recurrir a soluciones informales? La realidad es que en una crisis de infraestructura, la "baja demanda" puede ser un indicador de barreras de acceso y desconfianza, más que de una situación de normalidad o control.
La Respuesta Oficial: Parches y Preguntas sin Responder
Frente a la magnitud de los desafíos, la respuesta oficial se ha centrado en medidas paliativas y en la construcción de una narrativa de control. La viceministra Iturria mencionó la instalación de "hospitales de campaña" como una estrategia para aliviar la carga de los centros tradicionales. Si bien estas unidades pueden ser útiles en la fase aguda de una emergencia, su presencia subraya la insuficiencia de la infraestructura permanente. Los hospitales de campaña son soluciones temporales, no sustitutos de instalaciones hospitalarias robustas, bien equipadas y con capacidad para atender la complejidad de patologías que se presentan en una capital como Caracas.
La falta de transparencia sobre el alcance real de los daños, los planes concretos de reparación, los plazos estimados para la reapertura de los hospitales cerrados y el presupuesto destinado a estas obras, genera una profunda incertidumbre. Las declaraciones oficiales, emitidas a través del canal del Estado y notas de prensa gubernamentales, tienden a minimizar la gravedad de la situación y a omitir detalles cruciales que permitirían a la ciudadanía y a los organismos independientes evaluar la verdadera capacidad de respuesta del Estado.
El hecho de que los sismos hayan afectado gravemente a hospitales clave como el J.M. de los Ríos y la Maternidad Concepción Palacios, que ya eran foco de denuncias por su deterioro y la escasez de insumos antes del evento telúrico, es un recordatorio de que la crisis en el sector salud no es un fenómeno reciente. Es el resultado de años de negligencia y desinversión que han erosionado la capacidad de Venezuela para proteger a sus ciudadanos, incluso de amenazas predecibles como los terremotos en una zona sísmica activa. La instalación de "hospitales de campaña" no puede ocultar la necesidad imperante de una reestructuración profunda y una inversión sostenida en la salud pública, más allá de las emergencias puntuales.
Los recientes sismos en Caracas no solo han dejado tras de sí edificaciones dañadas, sino que han desnudado, una vez más, la extrema vulnerabilidad del sistema de salud venezolano. La clausura de hospitales y la reubicación de pacientes son síntomas de una enfermedad más profunda: el abandono crónico de infraestructuras vitales y la falta de una planificación robusta para enfrentar desastres. La respuesta oficial, aunque intenta proyectar calma, no logra disipar la preocupación por la capacidad real del Estado para garantizar el derecho a la salud en un contexto de crisis multidimensional. Lo que se requiere no son solo parches temporales, sino una reconstrucción integral basada en la transparencia, la rendición de cuentas y un compromiso genuino con el bienestar de todos los venezolanos.
