La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo 19 de abril que “esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia” que, según sus palabras, tendría como fin construir “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no “criminalice la pobreza” y ofrezca “mecanismos alternativos a la privación de libertad”.
Los más optimistas -que los hay- creen que allanaría el camino hacia una reinstitucionalización que eventualmente conduciría a la democracia. Los más pesimistas -que son la mayoría- temen que se trate de un reacomodo de fichas para afianzar a la nueva mandamás del chavismo.
Sin embargo, más allá de esos objetivos, en el fondo asoma la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), espacio clave para el control del poder donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, líder del Parlamento, no tienen figuras de su confianza.
Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro aprobaron en su momento grandes reformas para garantizar su tutela sobre el TSJ. Integrada por militantes del oficialismo, la cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada como ariete contra la oposición hasta llegar al extremo de prácticamente asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral, para convalidar la proclamación del triunfo de Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.
Ahora corre el rumor de que al menos 12 de los 20 magistrados que conforman la máxima instancia judicial de Venezuela pasarían a retiro para ser sustituidos por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez.
El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que la transformación del sistema de justicia en Venezuela no puede limitarse a un canje de nombres.
“Esto no pasa por un cambio de funcionarios sino por reconocer que en el país opera un sistema de injusticia, porque la justicia no es ni imparcial ni independiente”, acota el experto legal.
Daniels sostiene que el Poder Judicial venezolano requiere “jueces y magistrados que decidan, no que obedezcan” al gobierno chavista. “Es necesario que jueces y magistrados sean capaces de dictar sentencias contrarias a los deseos e intereses del poder, cosa que no ha ocurrido en más de 20 años. Sin eso, cualquier cambio es cosmético”.
El defensor de Derechos Humanos recuerda los testimonios de centenares de presos políticos que escucharon de boca de los jueces decir que no dictaban un fallo “porque no hemos recibido instrucciones sobre su caso”. Igualmente, alerta sobre la corrupción en los tribunales venezolanos y su impacto negativo en la administración de justicia.
