El excongresista David Rivera llega al edificio federal James Lawrence King el martes 24 de marzo de 2026 en Miami. Crédito: Joshua Goodman | AP
David Rivera, un excongresista de Miami y amigo del secretario de Estado, Marco Rubio, fue declarado culpable el viernes por conspirar a favor del gobierno de Venezuela.
Rivera y su esposa Esther Nuhfer fueron hallados culpables de todos los cargos, incluyendo no registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia, además de conspirar para cometer lavado de dinero.
Ambos están relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta proceso legal en la corte de Distrito Sur de Nueva York.
La acusación indica que la pareja hizo cabildeo para beneficiar a Venezuela con $50 millones de dólares, acciones realizadas durante el primer gobierno del presidente Donald Trump.
Tras la decisión del jurado, la jueza Melissa Damian ordenó la detención de la pareja, ya que hay temor de que puedan huir.
Adicional a estas acusaciones Florida, Rivera y Nuhfer enfrentan acusaciones en la Corte de Distrito de Washington, D.C.
Rivera era congresista estatal del Partido Republicano y enfrentó juicio junto con su esposa durante siete semanas, donde incluso participó el secretario Rubio como testigo.
La pareja fue señalada por tener un contrato de consultoría con una filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, lo que en 2022 derivó en 11 acusaciones.
Parte de la estrategia incluyó contactos con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, quien era canciller del gobierno de Maduro.
Rivera y su esposa actuaron como agentes extranjeros e intentaron suavizar la posición de EE.UU. sobre Venezuela, con un intento de convencer a personajes políticos de alto nivel, incluido el ahora secretario Rubio.
Además del proceso en el estado de Florida, Rivera enfrenta acusaciones en la Corte de Distrito de Washington, D.C., donde él es señalado por recibir más de $5 millones de dólares para influir a funcionarios federales.
La acusación fue liberada por un gran jurado el 18 de diciembre de 2024 contra Rivera, de 59 años, quien es residente de Miami, por una conspiración que viola la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) y por lavado de dinero.
Desde junio de 2019 hasta abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para proporcionar servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín, un magnate de medios de Venezuela, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense.
