El Colapso Silencioso: Dos Décadas y Media de Desmantelamiento Institucional
El impacto de los recientes terremotos se vio exacerbado por la precaria situación en la que se encuentra Venezuela tras más de veintisiete años de un deterioro institucional progresivo. Lo que en décadas pasadas fue un país con capacidades de respuesta a emergencias, con protocolos establecidos, mantenimiento de infraestructuras, planes de contingencia y cuerpos de rescate dotados, hoy es una sombra de sí mismo. La desinversión crónica y la corrupción han carcomido los pilares del Estado, dejándolo inoperante frente a cualquier contingencia.
El principal aeropuerto del país, vital para la logística de cualquier emergencia, se vio forzado a suspender operaciones debido a los daños, justo cuando más se necesitaba para la llegada de ayuda internacional o la evacuación. Los servicios públicos, esenciales para la supervivencia, operan al borde del colapso: el suministro de agua ya era errático antes de que las tuberías cedieran; la electricidad, un lujo intermitente, sufrió nuevas fallas; y la ya maltrecha red vial se vio agravada por nuevas grietas. Los hospitales, que deberían ser bastiones de atención en momentos críticos, operan en condiciones deplorables, con equipos obsoletos, escasez de insumos y personal mermado. La insuficiencia de ambulancias y la falta de dotación para los equipos de rescate son solo síntomas de esta debacle. En este contexto, cualquier evento adverso, por natural que sea, se convierte en una catástrofe multiplicada.
La Emergencia Multiplicada: Cuando la Crisis Humanitaria Preexistente Encuentra un Terremoto
La llegada de estos potentes sismos se produce en el peor momento posible para Venezuela, un país que ya se encontraba sumido en una compleja emergencia humanitaria antes de que la tierra temblara. Millones de venezolanos dependían de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, y ahora esa necesidad se ha disparado exponencialmente. La escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales, que ya era una realidad cotidiana, se agrava con el colapso de infraestructuras y la interrupción de cadenas de suministro.
Las réplicas sísmicas obligaron a miles de personas a permanecer a la intemperie por temor a nuevos derrumbes, en un escenario donde la vivienda segura es un privilegio. Las alertas de tsunami, aunque finalmente desactivadas, sembraron un pánico adicional en comunidades costeras ya vulnerables. La incertidumbre se ha convertido en una constante, una forma silenciosa pero devastadora de desastre que acompaña a la población, desprovista de un Estado que le ofrezca seguridad y respuestas claras. La crisis humanitaria preexistente no solo se profundiza, sino que se transforma en una emergencia de dimensiones incalculables, dejando a la población a merced de la naturaleza y de la ineficacia estatal.
La Nación que Responde: Ciudadanía Activa Frente a un Estado Ausente
En medio de la devastación y la inacción estatal, emergió, como tantas otras veces, la verdadera fortaleza de la sociedad venezolana. Las imágenes que circularon por el mundo mostraron a ciudadanos comunes improvisando herramientas, voluntarios removiendo escombros con sus propias manos y comunidades enteras organizándose para buscar sobrevivientes y asistir a sus vecinos con los escasos recursos disponibles. Esta solidaridad espontánea y la capacidad de autoorganización de la población contrastaron dramáticamente con la ausencia de un despliegue estatal robusto y coordinado.
La pregunta resuena con dolor y frustración: ¿dónde estaba el vasto despliegue militar que se observa con celeridad para controlar manifestaciones, custodiar actos oficiales o instalar alcabalas? ¿Qué misión podría ser más urgente que el rescate de vidas humanas en una emergencia de esta magnitud? Mientras la ciudadanía se arriesgaba, la respuesta oficial fue lenta, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Sin embargo, en un rayo de esperanza, algunas alcaldías y gobiernos locales, con honrosas excepciones, demostraron que la diferencia no radica siempre en el presupuesto, sino en la voluntad política de servir y proteger a sus comunidades. Estos ejemplos locales, junto a la incansable labor de la sociedad civil organizada, se han convertido en la primera y, a menudo, única línea de respuesta.
La resiliencia del pueblo venezolano, su capacidad de sobreponerse y de suplir las fallas del Estado con heroísmo, no puede convertirse en una política pública. Si bien es admirable la fortaleza de la ciudadanía, lo verdaderamente deseable sería un país donde los ciudadanos puedan vivir con dignidad y seguridad, no solo sobrevivir a duras penas. Los terremotos de junio no solo derribaron edificaciones; expusieron, una vez más, los escombros de un Estado que ha abandonado su deber fundamental: proteger a quienes lo habitan. La tragedia más profunda no es solo el número de víctimas o los edificios colapsados, sino la cruda revelación de que la infraestructura física y social de Venezuela ha sido desmantelada hasta el punto de dejarla indefensa ante la fuerza ineludible de la naturaleza.
