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Convite pide una atención diferenciada para los adultos mayores afectados por el doble terremoto

Convite pide una atención diferenciada para los adultos mayores afectados por el doble terremoto

Los adultos mayores afectados por el doble terremoto del 24 de junio requieren una atención diferenciada que responda a sus necesidades de salud, movilidad

Luis Sambrano
Por

Luis Sambrano

Fundador y editor8 jul. 2026

La organización Convite ha elevado una voz de alarma ante la crítica situación de los adultos mayores venezolanos, quienes, ya sumergidos en una profunda vulnerabilidad estructural, ahora enfrentan las devastadoras secuelas de un doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. La exigencia es clara y urgente: una atención diferenciada y especializada que responda a las complejas necesidades de salud, movilidad y cuidado de esta población, cuya dignidad y bienestar se ven comprometidos en un escenario de crisis humanitaria compleja y desastre natural. Esta demanda no es solo un llamado a la acción humanitaria, sino un recordatorio contundente de las profundas fallas en las redes de protección social y la capacidad de respuesta del Estado venezolano.

La Vulnerabilidad Preexistente y el Impacto del Terremoto

Luis Cabezas, director general de la ONG Convite, ha sido enfático al señalar que los adultos mayores afectados por el sismo no son simplemente víctimas de un evento natural, sino que arrastraban ya una carga de precariedades que magnifica el impacto del desastre. Antes del 24 de junio, la población de la tercera edad en Venezuela ya padecía los embates de una crisis económica que ha pulverizado sus pensiones, un sistema de salud público colapsado que niega acceso a medicamentos esenciales y tratamientos, y un éxodo masivo de familiares jóvenes que los ha dejado en un aislamiento y desamparo crecientes. El doble terremoto, por tanto, no encontró una población resiliente, sino una ya al límite de sus capacidades.

Los testimonios y reportes recogidos por Convite pintan un panorama desolador. Muchos adultos mayores han perdido sus viviendas, únicas posesiones que les quedaban, obligándolos a reubicarse en refugios improvisados o en casas hogar que, a menudo, carecen de los recursos adecuados para atender sus necesidades específicas. La pérdida del hogar no es solo una cuestión de techo; representa la desarticulación de su entorno, la pérdida de recuerdos, de seguridad y de la poca autonomía que les quedaba.

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Las demandas de esta población son variadas y apremiantes. La necesidad de medicamentos es una constante, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos, cuya interrupción en el tratamiento puede ser fatal. La movilidad es otro factor crítico: bastones, andaderas y sillas de ruedas son esenciales para quienes tienen dificultades para desplazarse, y la falta de estos implementos los condena a la inmovilidad y al riesgo de caídas. Los lentes son indispensables para mantener una mínima independencia visual, y los pañales para adultos son un artículo de primera necesidad para aquellos con incontinencia, cuya escasez y alto costo los hacen inaccesibles para la mayoría. Más allá de lo material, Cabezas subraya la necesidad de apoyo permanente para quienes se encuentran encamados, una realidad que exige cuidadores, insumos médicos y una infraestructura sanitaria mínima que hoy es deficiente.

Un Contexto de Crisis Crónica en Venezuela

La petición de Convite se inscribe en un contexto venezolano donde la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias ha sido históricamente precaria y se ha visto aún más mermada por décadas de desinversión, corrupción y una crisis institucional profunda.

El sistema de salud pública, otrora un pilar del bienestar social, se encuentra en ruinas. Hospitales sin insumos básicos, quirófanos inoperativos, falta de personal médico especializado y una infraestructura deteriorada son la norma. En un escenario de desastre natural, esta fragilidad se convierte en una sentencia para los más vulnerables. La atención a traumas, el manejo de enfermedades crónicas exacerbadas por el estrés y la falta de acceso a tratamientos se vuelven retos insuperables para miles.

La crisis económica ha empujado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. Las pensiones de los adultos mayores son irrisorias, incapaces de cubrir siquiera una fracción de la canasta básica alimentaria, mucho menos los gastos en medicinas, alquiler o servicios. Esta situación los obliga a depender por completo de familiares, vecinos o de la caridad. Cuando un desastre natural golpea, estas ya frágiles redes de apoyo se rompen, dejando a los ancianos en una indefensión aún mayor.

La emigración masiva ha tenido un impacto devastador en la estructura familiar y social de Venezuela. Millones de jóvenes y adultos en edad productiva han abandonado el país en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a sus padres y abuelos. Esta diáspora ha despojado a muchos adultos mayores de sus principales cuidadores y fuentes de sustento emocional y económico. En un momento de emergencia, la ausencia de estas figuras familiares agrava el aislamiento y la dificultad para acceder a la ayuda.

Asimismo, la infraestructura del país, desde las viviendas hasta las vías de comunicación y los servicios básicos, ha sufrido un deterioro significativo. Edificaciones construidas con materiales de baja calidad o sin el mantenimiento adecuado son más propensas a colapsar ante un sismo. La capacidad de las autoridades para evaluar daños, despejar escombros y garantizar la seguridad de las zonas afectadas es limitada, lo que ralentiza la respuesta y prolonga el sufrimiento.

Implicaciones y Desafíos para el País

Las implicaciones de esta situación son multifacéticas y profundas, afectando el tejido social, la economía y la gobernanza del país.

Socialmente, la desatención a los adultos mayores en una emergencia como un terremoto representa una erosión de la cohesión social y de los valores humanitarios fundamentales. La imagen de ancianos desprotegidos, sin acceso a necesidades básicas, es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida en Venezuela y del fracaso en la protección de los más vulnerables. Se agudizan los traumas psicológicos, el estrés post-traumático y la sensación de abandono, con consecuencias a largo plazo en la salud mental de esta población. La carga sobre organizaciones no gubernamentales como Convite se vuelve insostenible sin un apoyo coordinado y masivo.

Económicamente, la reconstrucción de viviendas y la provisión de atención médica y social para los adultos mayores representan un costo significativo que un Estado ya en bancarrota difícilmente puede asumir de manera efectiva. Las familias que intentan cuidar a sus mayores se ven sometidas a una presión económica insostenible, lo que puede llevar a una mayor pobreza y a la desintegración familiar. La pérdida de activos y la interrupción de las escasas fuentes de ingreso exacerban la crisis económica a nivel micro y macro.

Desde el punto de vista político y de gobernanza, la capacidad de un Estado para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, es una medida de su legitimidad y eficacia. La respuesta inadecuada o la falta de una política pública integral para la gestión de desastres y la atención a la tercera edad en emergencias, evidencian las profundas deficiencias institucionales. La dependencia de la ayuda internacional y de la sociedad civil para cubrir necesidades básicas subraya la incapacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades fundamentales. Esto alimenta la desconfianza ciudadana y profundiza la crisis de credibilidad en las instituciones públicas. La exigencia de Convite es también una interpelación directa a las autoridades sobre su compromiso con los derechos humanos de sus ciudadanos más indefensos.

La Urgencia de una Respuesta Articulada

La labor de Convite, que busca articular acciones para identificar estas necesidades específicas y ofrecer una atención prioritaria, es encomiable pero no puede ser el único pilar de respuesta. La magnitud del desafío exige una movilización mucho mayor y más coordinada. Es imperativo que el Estado venezolano, en colaboración con organizaciones internacionales, agencias humanitarias y la sociedad civil, desarrolle e implemente un plan de respuesta que incorpore la perspectiva de género y edad, reconociendo las particularidades de los adultos mayores.

Este plan debe incluir la provisión urgente de medicamentos, insumos de movilidad y productos de higiene, así como el establecimiento de espacios seguros y adaptados para quienes han perdido sus hogares. Pero más allá de la respuesta inmediata, es crucial sentar las bases para una política pública de protección a la tercera edad que sea robusta y resiliente ante futuras emergencias, que fortalezca el sistema de salud, que garantice pensiones dignas y que promueva la integración social de esta población.

La dignidad de los adultos mayores de Venezuela no puede ser una moneda de cambio ni una preocupación secundaria en medio de la crisis. Su bienestar es un indicador de la salud moral de nuestra sociedad y de la capacidad de nuestras instituciones para proteger a todos sus ciudadanos. La voz de Convite, resonando en medio de los escombros y el silencio, es un llamado a la conciencia y a la acción ineludible. El tiempo apremia, y la historia juzgará nuestra capacidad de respuesta ante el sufrimiento de quienes han entregado sus vidas a la construcción de esta nación.