CIDH llama a mantener la asistencia humanitaria y monitorear reconstrucción en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron al Estado venezolano a mantener la asistencia humanitaria y a monitorear la reconstrucción del país tras el doble terremoto del 24 de junio. A través de un comunicado difundido en su página web, la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hicieron un llamado al Estado venezolano para que sostenga la ayuda humanitaria y supervise las labores de reconstrucción tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio. Mediante un pronunciamiento oficial publicado en su portal web, el organismo regional enfatizó la urgencia de salvaguardar las garantías fundamentales de las poblaciones afectadas por este evento telúrico. La solicitud se produce en un escenario donde persisten severas deficiencias en el acceso a servicios públicos y una marcada ausencia de registros oficiales consolidados sobre las víctimas.
Evaluación de los derechos económicos y sociales en las zonas afectadas
De acuerdo con el informe de la CIDH, transcurrido un mes desde el doble terremoto, se han detectado múltiples vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en las regiones que sufrieron el impacto directo del fenómeno natural. El organismo internacional detalló que la infraestructura hospitalaria de las localidades afectadas se encuentra operando bajo condiciones de presión extrema, lo que limita la capacidad de respuesta médica para la población residente.
Asimismo, la relatoría especial REDESCA documentó que las comunidades enfrentan severos obstáculos para acceder a insumos mínimos de subsistencia. Entre las principales carencias señaladas en el reporte técnico se encuentran las dificultades sistemáticas para el abastecimiento de agua potable, la falta de sistemas de saneamiento básico adecuados y las interrupciones constantes en el suministro de servicios de electricidad y conectividad. La CIDH recordó que la garantía de estos servicios es un componente esencial para asegurar condiciones de vida dignas durante la fase de recuperación de un desastre de esta magnitud.
Opacidad de datos y ausencia de registros oficiales
Uno de los puntos más críticos señalados por la CIDH en su comunicado es la existencia de vacíos estadísticos significativos que dificultan la comprensión precisa del alcance real de los daños ocasionados por los sismos. El organismo de derechos humanos denunció que, hasta la fecha de emisión de su reporte, las autoridades estatales no han presentado un balance oficial y transparente respecto al número de personas desaparecidas o cuyo paradero aún no ha sido localizado tras la emergencia.
La falta de datos estructurados no solo obstaculiza la planificación de las tareas de reconstrucción, sino que también afecta directamente el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de las víctimas. En este sentido, la Comisión recordó que el Estado venezolano tiene la obligación jurídica y ética de implementar mecanismos eficientes para la identificación de las personas fallecidas. El documento técnico subraya la necesidad de establecer protocolos claros para asegurar la trazabilidad de los restos mortales y brindar un acompañamiento integral, psicológico y logístico a los núcleos familiares afectados por las pérdidas.
Obligaciones estatales en la gestión de emergencias
El pronunciamiento de la CIDH enfatiza que la gestión de desastres naturales no exime a los Estados de sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Según el organismo, las instituciones públicas deben actuar bajo los principios de prevención, mitigación y respuesta oportuna para minimizar el impacto de las catástrofes sobre las poblaciones más vulnerables. La asistencia humanitaria, de acuerdo con los estándares fijados por la REDESCA, debe ser distribuida de manera equitativa, suficiente y técnicamente coordinada, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación en la asignación de recursos y ayuda de emergencia.
El reporte asocia de manera directa la efectividad de estas operaciones con la conducción del aparato estatal. El texto de la CIDH hace referencia a la gestión gubernamental encabezada por Delcy Rodríguez, bajo el esquema de tutela de los Estados Unidos, señalando que esta administración tiene el deber ineludible de coordinar los esfuerzos institucionales para mitigar los efectos de lo que califica como la coyuntura de mayor gravedad en la historia reciente del país en materia de desastres naturales.
Institucionalidad y restablecimiento del orden constitucional
Para la CIDH, la capacidad de respuesta ante emergencias humanitarias y desastres socioambientales se encuentra intrínsecamente ligada a la solidez de las instituciones democráticas. En la sección conclusiva de su comunicado, el organismo interamericano reiteró la necesidad de que Venezuela avance hacia el restablecimiento pleno del orden constitucional. La Comisión argumentó que garantizar una transición y sucesión política legítima y pacífica es un requisito indispensable para la reconstrucción de un entramado institucional técnico, transparente e independiente.
Este fortalecimiento institucional es el que, según la perspectiva de la CIDH y la REDESCA, permitiría al país contar con organismos de protección civil, ministerios e instituciones de salud capaces de diseñar planes de prevención a largo plazo, mitigar los riesgos asociados a eventos sísmicos y ofrecer respuestas inmediatas que no dependan exclusivamente de la asistencia internacional o de medidas de emergencia coyunturales.
