Cicpc y Conas intervienen PNB de San Bernardino por la presunta comercialización de droga incautada
Caracas.- Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional intervinieron el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Bernardino, Caracas, por la presunta comercialización de droga incautada. El allanamiento a la sede policial ocurrió la noche del sábado 19
Una comisión mixta integrada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana intervino la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en la parroquia San Bernardino, en Caracas. El procedimiento, motivado por la presunta participación de los uniformados en la venta de un cargamento de sustancias estupefacientes previamente incautado, culminó con el arresto de doce oficiales de la PNB, mientras que otros implicados se dieron a la fuga.
De acuerdo con un reporte publicado por el medio digital El Pitazo, el allanamiento a la infraestructura policial se ejecutó durante las últimas horas de la noche del sábado 19 de septiembre. La acción de los cuerpos de seguridad se produjo tras recibir denuncias sobre irregularidades graves dentro de la comandancia. El operativo derivó en el desalojo completo de las instalaciones de la PNB en esa zona de la capital venezolana, quedando la sede bajo el control temporal de las comisiones investigadoras.
Los detalles de la presunta venta del cargamento
La investigación preliminar apunta a que los funcionarios de la PNB habrían ejecutado un procedimiento previo en el que incautaron un cargamento de aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta droga, distribuida en envoltorios tipo panela. Según las versiones obtenidas por fuentes periodísticas y policiales bajo condición de anonimato, los uniformados mantuvieron a ocho ciudadanos retenidos y maniatados dentro de las instalaciones del comando policial para ocultar la incautación a las instancias judiciales correspondientes.
En lugar de procesar el decomiso conforme a los canales regulares que dicta la legislación penal venezolana, los policías habrían iniciado la comercialización del material de manera independiente. Los reportes detallan que, antes de que el Cicpc y el Conas intervinieran el recinto, los efectivos policiales ya habrían vendido una cantidad estimada entre 400 y 500 panelas de la sustancia, identificada preliminarmente como "crispy", una variante de marihuana modificada con alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC) que suele tener un elevado valor en el mercado ilegal.
El caso también fue difundido por el infociudadano Edixon Manuel a través de su canal de YouTube, donde ratificó la detención de las ocho personas que permanecían ocultas en la sede policial y cuya privación de libertad no había sido reportada formalmente a la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, el director de la PNB y las autoridades del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz han mantenido silencio institucional sobre el suceso. No obstante, fuentes vinculadas al caso confirmaron a El Pitazo que el director del comando de San Bernardino, identificado como Juan Romero, fue sometido a intensos interrogatorios por parte de los investigadores para determinar su grado de responsabilidad o complicidad en los hechos.
Desviación de la función policial y el contexto de la PNB
La Policía Nacional Bolivariana fue creada en el año 2009 bajo un esquema que buscaba reformar el modelo de seguridad ciudadana en Venezuela, distanciándose de las prácticas represivas de las antiguas policías metropolitanas y estadales. El diseño original, derivado de las recomendaciones de la Comisión de Reforma Policial (Conarepol), enfatizaba el carácter civil, preventivo y de proximidad comunitaria de los funcionarios. Sin embargo, diversos informes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la contraloría de los derechos humanos y la seguridad, como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), han señalado de manera sistemática un proceso de desprofesionalización y militarización dentro de la institución.
El suceso registrado en San Bernardino expone una de las problemáticas más complejas de la seguridad pública en el país: la participación de funcionarios activos en redes de delincuencia organizada y microtráfico. La incautación de sustancias ilícitas para su posterior distribución y venta, práctica conocida coloquialmente como "gualmeo" o desvío de evidencias, representa no solo una violación de los protocolos de cadena de custodia, sino una distorsión absoluta de los fines del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
La falta de controles internos efectivos y la debilidad en los mecanismos de supervisión de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial (Icap) facilitan que comandos locales operen con altos niveles de autonomía discrecional, lo que puede derivar en la conformación de redes delictivas internas.
Implicaciones institucionales y sociales
La intervención de una sede de la PNB por parte de otros dos organismos de seguridad del Estado evidencia la existencia de tensiones y desconfianzas interinstitucionales, pero también la necesidad de activar mecanismos de contención externa ante la sospecha de corrupción sistémica. El Conas, con competencias específicas en materia de extorsión, secuestro y delincuencia organizada, y el Cicpc, como órgano principal de investigación científica del país, actúan en este escenario como los instrumentos para frenar la impunidad interna.
Desde una perspectiva social, la implicación de los cuerpos policiales en el tráfico de drogas deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar el orden público. Cuando los ciudadanos perciben que los funcionarios responsables de combatir el delito son quienes administran y comercializan los cargamentos ilícitos, se debilita la legitimidad del sistema de justicia en su totalidad. Esto fomenta el subregistro de denuncias, ya que las víctimas de delitos suelen abstenerse de acudir a las autoridades por temor a represalias o por la convicción de que los funcionarios forman parte de las estructuras criminales.
Asimismo, el uso de las instalaciones del propio comando policial para albergar a personas secuestradas o detenidas de forma ilegal, con el fin de ocultar una incautación de gran escala, demuestra un nivel de audacia operativa que preocupa a los analistas de seguridad ciudadana. Este tipo de dinámicas sugiere que las sedes policiales pueden llegar a funcionar como zonas de resguardo para actividades ilícitas bajo el amparo de la inmunidad jurisdiccional que teóricamente poseen estos recintos.
Desafíos para la depuración de los cuerpos de seguridad
El procesamiento penal de los doce funcionarios detenidos y la búsqueda de los oficiales que lograron evadir el cerco de seguridad representan el primer paso de una investigación que debe determinar el alcance real de la red de complicidades dentro del comando de San Bernardino. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de esclarecer el destino del dinero obtenido por la venta de las panelas de droga y de identificar a los compradores de la sustancia en el mercado local.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de implementar una reforma estructural en los procesos de captación, formación y supervisión de la Policía Nacional Bolivariana. La crisis económica y social de los últimos años ha incidido en la precarización de las condiciones laborales de los uniformados, lo que, sumado a la falta de controles estrictos de confianza y polígrafo, incrementa la vulnerabilidad de los agentes ante las ofertas de financiamiento de los grupos de delincuencia organizada. La depuración policial no puede limitarse a intervenciones reactivas ante hechos flagrantes, sino que requiere una política sostenida de auditoría interna y rendición de cuentas ante el poder civil.
