Centro Miranda: el chavismo mostró una total incapacidad para proporcionar los servicios más básicos tras los terremotos
El doble terremoto del 24 de junio demostró la incapacidad del Estado para responder durante las primeras horas de la emergencia
La gestión estatal frente a desastres naturales en Venezuela enfrenta severos cuestionamientos tras la difusión de un informe elaborado por el Centro Miranda para la Democracia, una organización fundada por el exalcalde de El Hatillo, David Smolansky. El documento, que consta de 36 páginas, analiza en detalle las acciones gubernamentales implementadas luego del doble terremoto del pasado 24 de junio, eventos sísmicos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a la Gran Caracas y al estado La Guaira. Según los datos recopilados en la investigación, el saldo de la catástrofe supera los 5,000 fallecidos y ha dejado a más de 20,000 personas en condición de damnificadas, exponiendo deficiencias estructurales en los servicios públicos y en la capacidad de respuesta inmediata del Estado.
De acuerdo con el reporte del Centro Miranda, difundido inicialmente por el medio digital El Pitazo, la respuesta del Ejecutivo nacional mostró patrones de centralización y control militar que dificultaron las labores de rescate durante las horas críticas posteriores a los sismos. El análisis sostiene que, en lugar de priorizar la asistencia civil coordinada, las autoridades optaron por una estrategia enfocada en la seguridad del Estado, lo que limitó la efectividad de las operaciones de salvamento en las zonas más afectadas.
La militarización de la emergencia y el debilitamiento de la protección civil
El informe documenta que, durante las primeras 72 horas posteriores a los terremotos, la estrategia gubernamental se centró en la militarización de los perímetros afectados, la restricción del acceso a los medios de comunicación y la demora en la autorización para el ingreso de equipos de rescate independientes. El Centro Miranda señala que la toma de decisiones estuvo bajo la dirección de oficiales de las Fuerzas Armadas sin credenciales ni formación específica en la gestión de desastres socionaturales, desplazando a los organismos técnicos de carácter civil.
Esta situación se vio agravada por el deterioro acumulado de las instituciones de rescate en el país. El estudio revela que las unidades de Protección Civil en Venezuela operaban a menos del 10% de su capacidad operativa antes del evento telúrico, debido a la falta prolongada de vehículos, herramientas básicas, uniformes y equipos de protección personal. El informe asienta que las demandas públicas realizadas por funcionarios de estos cuerpos de rescate para exigir mejoras laborales y dotación de insumos fueron respondidas en años anteriores con medidas represivas, incluyendo detenciones por parte de organismos de inteligencia militar y policial. Esta situación propició la renuncia y el exilio de personal técnico calificado, debilitando la estructura de respuesta antes de que ocurriera la emergencia.
La lentitud en el despliegue estatal queda registrada mediante cifras de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, citadas en la investigación. Según esta fuente, el Estado venezolano solo logró movilizar al 12.6% del personal de emergencia disponible durante las primeras 24 horas del desastre. Al cumplirse las 48 horas de los sismos, el despliegue apenas alcanzaba el 34.6%, lo que evidencia una brecha temporal crítica en un escenario donde las primeras horas son determinantes para la supervivencia de personas atrapadas bajo los escombros.
El paralelismo histórico con la tragedia de Vargas de 1999
El Centro Miranda establece una comparación directa entre la gestión de la crisis actual y la respuesta oficial ofrecida durante el deslave del estado Vargas en diciembre de 1999. El informe advierte que, a pesar del tiempo transcurrido y de las lecciones técnicas derivadas de aquella catástrofe, las fallas de coordinación y la prioridad otorgada al control político sobre el humanitario se repitieron de manera casi idéntica.
Posterior a la tragedia de 1999, Venezuela adoptó una Ley Nacional de Gestión de Riesgos y Socorro, además de establecer directrices técnicas rigurosas para la planificación urbana y la construcción sismorresistente. Sin embargo, la investigación del Centro Miranda argumenta que estas normativas fueron ignoradas de forma sistemática por las administraciones gubernamentales de las últimas dos décadas. Como ejemplo de ello, el documento menciona la edificación de complejos habitacionales de interés social en zonas identificadas como áreas aluviales o de alta vulnerabilidad geológica, lo que incrementó el impacto material y humano de los movimientos telúricos del pasado junio.
Denuncias de irregularidades y el rol de la comunidad internacional
El informe recopila testimonios y denuncias sobre graves irregularidades cometidas por funcionarios de seguridad del Estado en las áreas afectadas. Entre los hallazgos descritos se encuentran casos de extorsión a familias damnificadas, a quienes presuntamente se les exigieron cobros en divisas para permitir la recuperación y entrega de los cuerpos de sus familiares fallecidos. Asimismo, se reportaron incidentes de saqueo de viviendas siniestradas por parte de efectivos policiales y militares encargados de la custodia de los perímetros, así como la detención de bomberos que exigieron equipamiento básico para continuar con sus labores.
La investigación también resalta las trabas impuestas a la sociedad civil y a la prensa. Periodistas que intentaron dar cobertura a la situación en los hospitales y zonas de colapso fueron objeto de amenazas, mientras que la ayuda humanitaria recolectada por iniciativas ciudadanas independientes fue confiscada en diversos puntos de control. Los rescatistas no gubernamentales, por su parte, enfrentaron restricciones de movilidad y fueron sometidos a interrogatorios bajo sospecha de espionaje.
Frente a la parálisis de los equipos locales, el informe subraya que la preservación de vidas en los días subsiguientes se debió en gran medida a la intervención de la comunidad internacional. La llegada de más de 60 equipos de rescate provenientes de 29 naciones permitió la localización y extracción de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas, compensando las limitaciones operativas y logísticas del sistema de emergencias del Estado venezolano.
Implicaciones para la reconstrucción y la gobernanza institucional
El análisis del Centro Miranda concluye que las deficiencias observadas no constituyen un hecho aislado ni una simple falla de coordinación coyuntural, sino que reflejan el diseño de un modelo de gestión pública caracterizado por la opacidad, el control social y la falta de rendición de cuentas. La organización advierte sobre el riesgo de que los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas en Caracas y La Guaira se desvíen debido a los esquemas de corrupción documentados en el país, especialmente al encontrarse la dirección de los planes de reconstrucción bajo mandos militares sin experiencia en desarrollo urbano y gestión de riesgos.
Para la institución, la capacidad de respuesta ante emergencias complejas está directamente vinculada a la calidad democrática del Estado. El informe finaliza señalando que la reconstrucción material de las áreas afectadas y el diseño de un sistema eficiente de prevención de desastres requieren, de manera indispensable, el restablecimiento de la transparencia institucional, el fortalecimiento de los organismos civiles de protección y el respeto a la contraloría social independiente.
