Este texto fue publicado originalmente en la revista Quiltra. Ser migrante es ser, forzosamente, un espectador a la distancia. Es estar ausente de tu tierra en las buenas y en las malas. En los cumpleaños y en las enfermedades, en los nacimientos y en los velorios. También en las hecatombes. Es sentir que estás donde
La tierra rugió con una ferocidad inusitada el 24 de junio, sacudiendo a Venezuela con dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter que, en cuestión de segundos, transformaron paisajes y vidas. El epicentro del dolor se concentró en el centro-norte del país, devastando comunidades enteras y dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Pero a la tragedia natural, Venezuela suma otra, quizás más profunda y persistente: la del abandono estatal, la incapacidad de un gobierno que, lejos de proteger a sus ciudadanos, parece empeñado en obstaculizar incluso la más elemental ayuda. Esta catástrofe se vive con una angustia particular en la diáspora venezolana, para quienes la distancia amplifica el dolor y la impotencia, convirtiéndolos en meros espectadores de un cataclismo que desgarra su patria desde miles de kilómetros.
El Eco del Dolor en la Distancia
Para los millones de venezolanos dispersos por el mundo, la noticia de los sismos fue un golpe demoledor. Ser migrante, en palabras de una periodista venezolana en Chile, es ser "forzosamente, un espectador a la distancia". Es la cruel paradoja de estar ausente en los momentos más críticos, sean estos celebraciones familiares o hecatombes nacionales. La angustia se convierte en una constante revisión del celular, en la búsqueda desesperada de noticias sobre seres queridos, en la esperanza de encontrar algún sobreviviente entre los escombros a través de una pantalla. La vida cotidiana en el exilio —trabajar, estudiar, cuidar a los hijos— se vuelve un acto de culpa cuando el corazón está en otra parte, cuando miles de compatriotas han perdido sus hogares, sus empleos, o lo más valioso: sus vidas.
El balance oficial actualizado al 3 de julio es escalofriante: al menos 2.645 muertos, 12.666 heridos y más de 15.000 personas damnificadas. La infraestructura sufrió un golpe demoledor: 189 edificios colapsaron por completo, 855 resultaron afectados (más de 800 de ellos inhabitables) y unas 58.000 viviendas presentan daños de distinta consideración. Estas cifras no solo representan estadísticas, sino miles de historias de pérdida, de familias rotas, de sueños desvanecidos bajo los escombros. Y para el migrante, cada número es un eco lejano de un dolor que no puede tocar, pero que siente en lo más profundo de su ser.
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La magnitud de la devastación en Venezuela, a pesar de la intensidad de los sismos, ha sorprendido a observadores internacionales, especialmente a aquellos de naciones con una arraigada cultura sísmica como Chile o Japón. Estos países demuestran que, si bien los terremotos son inevitables, sus consecuencias no tienen por qué ser catastróficas. La clave reside en la prevención, en la construcción de infraestructura resiliente y en la existencia de protocolos de emergencia eficientes y bien ejecutados. Venezuela, lamentablemente, no ha aprendido estas lecciones.
La memoria colectiva venezolana está marcada por el deslave de Vargas del 15 de diciembre de 1999, una tragedia que cobró la vida de al menos 16.000 personas, según cifras oficiales, o el doble según expertos. En aquel entonces, el recién llegado gobierno de Hugo Chávez demostró una alarmante incapacidad para manejar la emergencia. El reconocimiento tardío de la magnitud del desastre, la desorganización en el rescate y la falta de equipos y medicinas costaron innumerables vidas. La Guaira, la zona cero de la actual catástrofe sísmica, fue también la más afectada en 1999. Como ahora, la respuesta del Estado fue deficiente, y fue el pueblo, una vez más, quien se volcó a ayudar a sus semejantes.
Lo más preocupante es que, tras aquella lección brutal, no hubo aprendizajes. Los protocolos de emergencia no se activaron, las previsiones no se tomaron. Especialistas alertaron sobre la vulnerabilidad del litoral central, pero sus advertencias fueron ignoradas. Se autorizaron edificaciones en terrenos inestables, se construyeron viviendas sociales de calidad precaria en zonas de riesgo y no se adquirieron equipos ni tecnología antisísmica. En 2009, otro terremoto azotó el oriente del país, y el gobierno repitió los mismos errores. No se crearon leyes ni ordenanzas para desastres naturales, no se invirtió en prevención. Por el contrario, en los últimos 27 años, la red antisísmica nacional fue desmantelada: de 300 estaciones operativas en los años 90, hoy solo funcionan cuatro. Geofísicos advirtieron la alta probabilidad de un sismo mayor en la zona central en esta década, pero el chavismo hizo oídos sordos.
La Paradoja de un Estado Ausente y Represor
La actual catástrofe sísmica no es sino la manifestación más reciente y dolorosa de un patrón de desmantelamiento institucional que ha afectado a todos los ámbitos de la vida venezolana. Un país con inmensos recursos hídricos y energéticos se encuentra sin luz y sin agua; una nación petrolera carece de gasolina; una tierra fértil y ganadera padece hambre; un país que fue moderno está paralizado. La única área donde el Estado parece invertir recursos y personal es en la represión.
En medio de esta tragedia, la actuación del gobierno ha sido, en el mejor de los casos, ineficaz, y en el peor, criminal. Funcionarios y militares llegaron a las zonas devastadas no para ayudar, sino para obstaculizar, reprimir, amenazar y hasta robar entre los escombros. La ayuda humanitaria, tanto nacional como internacional, ha sido frenada o desviada. Voceros gubernamentales han acusado a los voluntarios de "obstaculizar" las labores de rescate, mientras que los uniformados que deberían estar moviendo escombros se dedican a poner barricadas.
Un ejemplo de esta impiedad fue el evento organizado por la "presidenta encargada" (en referencia a Delcy Rodríguez) cuatro días después de los terremotos, en las horas más críticas para encontrar sobrevivientes, para "homenajear" a rescatistas internacionales. "Quisimos apartarlos de sus tareas, que sabemos que son vitales, para agradecerles", dijo, como si los rescatistas hubieran venido de paseo y su labor contrarreloj no costara vidas. Venezuela ha vivido el peor cataclismo con el peor gobierno posible, uno que prioriza la propaganda y el control sobre la vida de sus ciudadanos.
El Pueblo se Rebela Ante la Infamia: Implicaciones y Resiliencia
Las implicaciones de esta doble tragedia son profundas y multifacéticas.
Socialmente, la catástrofe agudiza la ya precaria situación humanitaria de Venezuela. La pérdida de vidas, hogares y medios de subsistencia empuja a miles a una mayor vulnerabilidad. El trauma psicológico colectivo será inmenso, afectando a generaciones enteras. Sin embargo, esta crisis también ha reforzado la convicción de los venezolanos de que, a falta de Estado, solo cuentan con ellos mismos. Esta resiliencia se manifiesta en una ola de solidaridad ciudadana sin precedentes. Son los propios ciudadanos quienes escarban entre las ruinas, los voluntarios que preparan comida y llevan agua, los rescatistas que salvan vidas, los médicos que se trasladan por sus propios medios a centros de salud colapsados. Los periodistas, en medio del caos informativo, verifican datos y denuncian atropellos. Usuarios de redes sociales canalizan ayudas. Ingenieros y arquitectos ofrecen sus conocimientos gratuitamente. Psicólogos atienden el trauma. Informáticos crean plataformas para desaparecidos y ayudas. Artistas llevan consuelo a niños damnificados. Las propias víctimas demuestran una fortaleza admirable, como la niña que guio a rescatistas con su voz o la madre que protegió a su hijo con su cuerpo. Los migrantes venezolanos en el mundo recolectan fondos y envían insumos. El pueblo, en fin, se rebela ante la infamia, demostrando que la patria no es lo que proclaman los políticos, sino esta sensación de saberse parte, de caer con todos y de levantarse con todos.
Políticamente, la catástrofe expone la fragilidad del régimen y su total desinterés por el bienestar de la población. La obstrucción de la ayuda humanitaria y la priorización de la represión sobre el rescate son crímenes que deberían tener consecuencias internacionales. La imagen del gobierno queda aún más deteriorada, tanto a nivel interno como externo, aunque esto no siempre se traduce en un cambio político inmediato en un sistema autoritario. Sin embargo, la organización y auto-gestión ciudadana en la emergencia podría sentar precedentes para una mayor articulación de la sociedad civil, desafiando el control estatal desde la base.
Económicamente, el impacto será devastador. La reconstrucción de miles de viviendas e infraestructuras colapsadas requerirá ingentes recursos en un país ya sumido en una crisis económica profunda, con una hiperinflación persistente y una producción petrolera en mínimos históricos. La pérdida de medios de vida para decenas de miles de personas agravará la pobreza y la desigualdad. Sin una planificación estatal seria y sin transparencia en la gestión de fondos, la reconstrucción será un proceso largo, tortuoso y susceptible a la corrupción, recayendo la mayor parte de la carga sobre hombros de una ciudadanía ya exhausta.
Un Futuro por Reconstruir y una Lección de Vida
La recuperación de Venezuela no será cuestión de días ni de meses. De este cataclismo, una vez más, el país tendrá que salir adelante solo, o al menos, con la ayuda de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional que logra sortear los obstáculos del régimen. La memoria de lo sucedido, la valentía de los que ayudaron y la inoperancia de quienes debieron hacerlo, no debe olvidarse.
Esta tragedia, en su crudeza, también ofrece una lección fundamental, una que la periodista migrante en Chile comprend
