Cárceles de Ramo Verde y Rodeo I quedaron afectadas por los terremotos, según ONG
Caracas.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el 29 de junio que los presos políticos que se encuentran en las cárceles Ramo Verde y Rodeo I, ambas en el estado Miranda, atraviesan una situación crítica, luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados que azotaron Venezuela
Caracas, Venezuela – La tierra rugió bajo Venezuela el pasado 24 de junio, con dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la nación, dejando a su paso una estela de temor y revelando, una vez más, las profundas fragilidades de sus instituciones. Entre las estructuras más afectadas, y quizás las más simbólicas de la crisis venezolana, se encuentran las cárceles de Ramo Verde y Rodeo I, ambas en el estado Miranda. La denuncia, emitida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y respaldada por Foro Penal, no solo expone el daño material, sino que destapa la precaria situación humanitaria y la flagrante denegación de auxilio que enfrentan los presos políticos, acentuando un drama que se niega a ser silenciado.
La noticia, difundida el 29 de junio a través de la cuenta en X de Clippve, es un grito de alarma. Según los reportes de familiares, la infraestructura de Ramo Verde, un centro penitenciario tristemente célebre por albergar a figuras de la disidencia política, sufrió afectaciones severas, particularmente en su quinto piso. La gravedad de los daños ha obligado, según la ONG, a que la población reclusa pernocte en las canchas descubiertas, en un intento desesperado por resguardarse de posibles nuevos colapsos. Esta imagen de reclusos a la intemperie, bajo el temor de una réplica que termine de derrumbar lo que el primer sismo dejó en pie, es un poderoso recordatorio de la vulnerabilidad de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
Foro Penal, otra organización clave en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, ya había alertado el 25 de junio sobre el colapso de una pared en Ramo Verde, aunque en ese momento se destacó que no hubo daños físicos a los detenidos. Sin embargo, la situación ha escalado. Clippve subraya que esta contingencia agrava la ya de por sí difícil realidad de los detenidos, quienes han comunicado la necesidad urgente de insumos básicos: colchonetas para el suelo frío y duro, carpas para protegerse de la intemperie y alimentos que les permitan subsistir. La paradoja es cruel: aunque los internos disponen de medios para cocinar, evitan ingresar a las áreas de preparación debido al peligro que representan las estructuras dañadas, sumiéndolos en un ciclo de desabastecimiento autoimpuesto por el miedo.
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Si la situación en Ramo Verde es alarmante, los reportes desde Rodeo I, parte del complejo penitenciario El Rodeo, históricamente sinónimo de hacinamiento y violencia en Venezuela, son aún más inquietantes. Clippve afirma que la estabilidad de su infraestructura también quedó comprometida, elevando el riesgo de un desplome ante eventuales réplicas. Los presos políticos de Rodeo I, consciente del peligro, han solicitado pernoctar en la cancha, buscando el mismo refugio que sus pares en Ramo Verde. Pero a diferencia de estos, se enfrentan a una negativa rotunda de las autoridades, que los mantienen confinados en sus celdas, ignorando su clamor por seguridad.
La denuncia más grave, sin embargo, se refiere a la presunta "grave denegación de auxilio" por parte del cuerpo de custodios de Rodeo I. Según los familiares, durante el sismo, los custodios habrían abandonado las instalaciones, dejando a los privados de libertad encerrados a su suerte. Este acto de omisión, de confirmarse, no solo constituye una grave violación de los deberes de custodia, sino una afrenta directa a los derechos humanos fundamentales de quienes, por estar bajo la tutela del Estado, dependen enteramente de él para su seguridad y supervivencia. Cuando las madres, concentradas en el campamento exterior, cuestionaron a los miembros del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), la respuesta fue evasiva: la situación estaba "en orden", pero sin diagnósticos estructurales ni reportes detallados sobre la salud de los reclusos. Una respuesta que, lejos de tranquilizar, profundiza la preocupación y la desconfianza.
Un Patrón de Negligencia y Silencio en el Sistema Penitenciario Venezolano
La crisis en Ramo Verde y Rodeo I no es un incidente aislado; es un síntoma de una enfermedad crónica que aqueja al sistema penitenciario venezolano. Las cárceles del país han sido, por décadas, focos de hacinamiento extremo, violencia, insalubridad y corrupción. Informes de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han documentado repetidamente las deplorables condiciones, la falta de acceso a servicios básicos, la proliferación de enfermedades y la ausencia de un sistema judicial que garantice los derechos de los reclusos.
El complejo de El Rodeo, en particular, tiene un historial sangriento, con motines y masacres que han cobrado la vida de cientos de personas. Ramo Verde, aunque concebida como una prisión militar, se ha convertido en un símbolo de la represión política, albergando a militares y civiles acusados de conspiración o disidencia. La presencia de presos políticos en estos centros añade una capa de complejidad y preocupación, ya que a menudo son objeto de tratos discriminatorios, aislamiento y negación de derechos, como el acceso a la salud o visitas familiares.
La respuesta del Estado venezolano a estas denuncias ha sido, históricamente, la negación, la minimización o la ausencia de información transparente. La opacidad que rodea la gestión penitenciaria impide la verificación independiente de las condiciones y obstaculiza cualquier intento de reforma o mejora. En un país donde la libertad de expresión y el acceso a la información son restringidos, las ONGs como Clippve y Foro Penal se erigen como pilares fundamentales para visibilizar estas realidades y presionar por el respeto a los derechos humanos. Su labor es vital en un contexto donde el Estado, lejos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, parece abandonarlos a su suerte, incluso en momentos de catástrofe natural.
Implicaciones: Entre la Negligencia Estatal y la Vulnerabilidad Humana
Las implicaciones de esta situación son múltiples y graves, abarcando esferas humanitarias, políticas y sociales.
Desde una perspectiva humanitaria, la denegación de auxilio y la negativa a reubicar a los presos a zonas seguras constituyen una violación directa de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a condiciones de detención dignas. El Estado tiene la obligación ineludible de proteger la vida y la salud de las personas bajo su custodia, una obligación que se magnifica en situaciones de emergencia. La falta de insumos básicos y la imposibilidad de acceder a áreas seguras para pernoctar o cocinar evidencian una negligencia que raya en la crueldad, exponiendo a los reclusos a riesgos innecesarios de enfermedad, lesiones o incluso la muerte.
Políticamente, este episodio profundiza la crisis de credibilidad del gobierno venezolano. La contradicción entre los reportes de las ONGs y la afirmación oficial de que todo está "en orden" refuerza la percepción de un Estado que prioriza la narrativa sobre la realidad, el control sobre la transparencia. La persistente negativa a permitir la entrada de observadores independientes o la realización de diagnósticos estructurales alimenta la desconfianza y la condena de la comunidad internacional, que ya monitorea de cerca la situación de los derechos humanos en Venezuela. Además, la vulnerabilidad de los presos políticos en estos contextos de desastre natural subraya el uso de la privación de libertad como una herramienta de represión, incluso cuando las circunstancias exigen una respuesta humanitaria universal.
Socialmente, la angustia de los familiares de los presos, que se ven obligados a acampar fuera de las cárceles buscando información y pidiendo auxilio, es un reflejo de la desprotección ciudadana. La sociedad venezolana, ya golpeada por una prolongada crisis económica y social, observa con impotencia cómo incluso en momentos de tragedia, la vida humana parece tener un valor secundario frente a la ineficacia o la indiferencia estatal. Esta situación exacerba el sentimiento de impunidad y desesperanza, erosionando aún más el tejido social y la confianza en las instituciones.
Un Llamado Urgente a la Transparencia y la Acción
La situación en las cárceles de Ramo Verde y Rodeo I tras los terremotos del 24 de junio es una emergencia que exige una respuesta inmediata y transparente. Es imperativo que las autoridades venezolanas permitan el acceso a observadores independientes, tanto nacionales como internacionales, para evaluar los daños estructurales y las condiciones humanitarias de los reclusos. Se deben garantizar los insumos básicos, la atención médica y la reubicación inmediata a espacios seguros para todos los privados de libertad, sin distinción alguna.
Desde "Libertad VZLA", reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y la defensa de los derechos humanos. La libertad de expresión es la herramienta más poderosa para iluminar las zonas oscuras de la injusticia. Exigimos al Estado venezolano que asuma su responsabilidad indelegable de proteger la vida y la dignidad de todas las personas bajo su custodia, especialmente en momentos de crisis. Lo que ocurre tras las rejas de nuestras cárceles es un barómetro de la salud democrática de una nación. Y hoy, ese barómetro indica una emergencia crítica que no puede ser ignorada. El silencio y la opacidad solo sirven para perpetuar el sufrimiento y la impunidad, negando a Venezuela la posibilidad de sanar sus heridas más profundas.
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