Aliado del «Potro» Álvarez está en libertad: al dueño de El Inmejorable se le atribuye complicidad en el arresto de 120 personas
Caracas.- Ángel Pino, propietario de la corporación El Inmejorable, está en libertad, de acuerdo con información a la que tuvo acceso el equipo de El Pitazo. El empresario permaneció bajo custodia tras su detención en marzo de 2026, cuando se le señaló como socio operativo de Antonio “El Potro” Álvarez en el Instituto Nacional de
Caracas, Venezuela. La liberación de Ángel Pino, el enigmático empresario detrás de la corporación El Inmejorable y presunto socio operativo de Antonio “El Potro” Álvarez en el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), ha desatado un torbellino de interrogantes y un profundo cuestionamiento sobre la ya frágil administración de justicia en Venezuela. Su salida de la custodia, ocurrida sin una explicación oficial ni detalles sobre las medidas judiciales que la propiciaron, contrasta brutalmente con el destino de al menos 120 personas que, según las denuncias, fueron arrestadas por su presunta complicidad en una vasta trama de extorsión y corrupción en el sector hípico, y que, a día de hoy, permanecen tras las rejas, algunas enfrentando cargos tan graves como terrorismo.
La noticia, difundida por el medio El Pitazo, y confirmada por su director, César Batiz, pone de manifiesto una vez más la opacidad que envuelve los procesos judiciales de alto perfil en el país. “Mientras más pasan los días, más preguntas quedan sobre lo que realmente ocurrió con la trama de corrupción, extorsión y detenciones alrededor de Antonio «Potro» Álvarez. Porque ahora, de acuerdo con información obtenida por El Pitazo, Ángel Pino, conocido como Coco, dueño de la corporación El Inmejorable, está libre. Sí, libre. Y nadie explica en qué condición salió”, afirmó Batiz, haciendo eco de la indignación y la perplejidad de la opinión pública. La excarcelación de Pino, el eslabón clave en un esquema que se extendió desde las apuestas hípicas hasta la presunta persecución de ciudadanos, no es un hecho aislado, sino un síntoma alarmante de un sistema judicial que parece operar bajo lógicas ajenas a la ley.
El Imperio de El Inmejorable y la Red de Extorsión
La detención de Ángel Pino a finales de marzo de 2026, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bogotá en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, había sido un golpe significativo. Se le señalaba como el cerebro operativo de la corporación El Inmejorable, una entidad que, según la Alianza Rebelde Investiga (ARI), “lleva las riendas del hipismo en Venezuela”. Bajo su control, se gestionaban 36 licencias para plataformas de apuestas en línea, seis de las cuales tenían registros en paraísos fiscales como Malta y Curazao, una práctica que sugiere un intento de eludir controles y rastreos financieros.
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La investigación reveló que Pino y su corporación no solo manejaban las apuestas del INH sino que, presuntamente, orquestaron un sofisticado esquema de extorsión. Testimonios de personas afectadas apuntan a que las casas de apuestas se veían obligadas a pagar sumas millonarias de dinero, cuyo destino final era, supuestamente, Antonio “El Potro” Álvarez, entonces presidente del INH y de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas. Este entramado de cobros ilegales incluía una tarifa semanal de 45 dólares a más de 200 centros hípicos por el derecho a transmitir señales de hipódromos internacionales, generando una recaudación paralela que operaba al margen de cualquier control oficial del Estado venezolano. Esta práctica no solo desviaba fondos que debieron haber ingresado a las arcas públicas, sino que también ahogaba a los pequeños empresarios del sector, obligándolos a participar en un esquema corrupto.
La influencia de Pino iba más allá de las apuestas. Su corporación extendía sus tentáculos a centros hípicos físicos, operaba un restaurante dentro del emblemático hipódromo La Rinconada y mantenía vínculos con el casino GOAT en Las Mercedes. Esta diversificación de negocios, todos interconectados y presuntamente alimentados por el mismo esquema de extorsión, dibujaba el perfil de un verdadero emporio construido sobre la base de la ilegalidad y la complicidad de figuras poderosas. Es llamativo que, a pesar de la detención de su propietario, la sede de El Inmejorable en el edificio Conferry de Caracas continuara sus operaciones con normalidad, sin una intervención judicial inmediata, lo que reforzó la percepción de que la empresa gozaba de un blindaje especial.
Los 120 Olvidados y la Doble Vara de la Justicia
Pero la trama de corrupción y extorsión no fue la única arista del caso. A Pino se le atribuye una complicidad directa en el arresto de al menos 120 personas. Estas detenciones, muchas de las cuales se mantienen hasta la fecha, han sido un punto de dolor y alarma para la sociedad venezolana. Mientras Pino y otros directivos han recuperado su libertad, aquellos que fueron señalados por el mismo esquema, a menudo en roles de menor jerarquía o simplemente como víctimas de las extorsiones, continúan presos. Lo más grave es que algunos de ellos enfrentan cargos por terrorismo, una acusación que en Venezuela se ha instrumentalizado para criminalizar la disidencia y la participación en actividades que el gobierno considera adversas.
La liberación de Luzmeid Rosales, gerente de El Inmejorable, detenida a principios de abril y excarcelada apenas un mes antes que Pino, refuerza el patrón de que los principales señalados por la trama de corrupción logran su libertad, mientras que otros implicados menores, o incluso aquellos que pudieron haber sido coaccionados, permanecen tras las rejas. Este contraste es una bofetada a la noción de justicia equitativa y subraya la existencia de una doble vara que favorece a quienes tienen conexiones o recursos, dejando desamparados a los más vulnerables. Las familias de los 120 detenidos claman por respuestas y por la misma celeridad judicial que se aplicó para los cabecillas de la trama.
El Desplazamiento de “El Potro” y el Juego de Poder
El caso de Pino y El Inmejorable no puede entenderse sin el contexto de los cambios profundos en la estructura de poder del hipismo nacional. Antonio “El Potro” Álvarez, una figura conocida por su pasado deportivo y artístico, y por su cercanía al poder, fue destituido de sus cargos como presidente del INH y de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas el 22 de abril de 2026, por orden directa de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Días antes, el 8 de abril, Álvarez ya había cedido el negocio de las apuestas a la empresa El Cordialito, bajo la dirección de Pedro López.
Estos movimientos, ejecutados desde las más altas esferas del gobierno, sugieren que la trama de corrupción en el INH no era un asunto menor, sino una crisis que requería una intervención política directa. Sin embargo, la destitución de Álvarez y los posteriores cambios en la administración del hipismo no se tradujeron en una rendición de cuentas transparente ni en un desmantelamiento efectivo de las redes de corrupción. Más bien, se percibió como un reacomodo de fuerzas, un “cambio de manos” en un negocio lucrativo que, una vez más, quedaría bajo el control de figuras afines al poder. La salida de Álvarez de sus cargos, sin mayores consecuencias judiciales conocidas públicamente para él, y la posterior liberación de sus presuntos socios operativos, alimenta la sospecha de que estas purgas son más bien operaciones cosméticas o ajustes de cuentas internas, lejos de una genuina lucha contra la corrupción.
Análisis: La Justicia en Venezuela, un Espejo de la Arbitrariedad
La liberación de Ángel Pino y la opacidad que la rodea son un reflejo crudo de la crisis institucional que atraviesa Venezuela, particularmente en su sistema de justicia. En un país donde la independencia de poderes ha sido sistemáticamente erosionada, donde el poder judicial opera bajo la sombra del ejecutivo y donde la fiscalía se percibe como un brazo ejecutor de intereses políticos, casos como este se convierten en paradigmas de la impunidad y la arbitrariedad.
La falta de una versión oficial sobre la excarcelación de Pino es inaceptable en cualquier estado de derecho. Genera suspicacia y la fundada creencia de que decisiones judiciales de esta magnitud se toman a puerta cerrada, sin apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Esta opacidad no solo viola el derecho a la información de los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones y alimenta la percepción de que la ley no aplica para todos por igual.
El contraste entre la libertad de los presuntos cabecillas y la prolongada detención de los implicados menores, algunos bajo cargos de terrorismo, es una muestra dolorosa de la instrumentalización de la justicia. El uso de acusaciones graves, como el terrorismo, sin pruebas contundentes y en casos que parecen ser de naturaleza económica o administrativa, es una táctica recurrente para silenciar, amedrentar y justificar detenciones arbitrarias. Esto crea un ambiente de miedo y desprotección para los ciudadanos, quienes ven cómo sus derechos fundamentales son vulnerados sin posibilidad de un debido proceso justo e imparcial.
Desde la perspectiva de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción, este caso es emblemático. La insistencia de periodistas como César
