Ali Daniels: “Denuncia del Estatuto de Roma no detiene la investigación de la CPI sobre Venezuela”
El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, informó que por órdenes de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, se le comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la
El anuncio de la administración venezolana de denunciar el Estatuto de Roma para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) no paralizará la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad conocida como "Venezuela I". De acuerdo con un reporte del portal de noticias Runrun.es, especialistas en derecho internacional y defensores de derechos humanos aclararon que el procedimiento de desvinculación exige lapsos de tiempo específicos y mantiene vigentes las obligaciones del Estado con el tribunal. La medida gubernamental coincide además con tensiones políticas externas y reestructuraciones internas dentro del propio organismo judicial con sede en La Haya.
Los argumentos de la Cancillería y el anuncio de retiro
La decisión oficial fue dada a conocer por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, quien detalló que la medida se tomó por instrucciones de Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, según el reporte de Runrun.es. La determinación de denunciar el tratado fundacional de la CPI e iniciar el proceso de retiro definitivo, amparado en el Artículo 127 del Estatuto de Roma, fue comunicada formalmente al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
A través de sus canales oficiales, Plasencia argumentó que la actuación de la corte internacional responde a un sesgo geográfico que concentra sus acciones de forma desproporcionada en naciones de África y América Latina, afectando directamente al Sur Global. El funcionario sostuvo que este comportamiento de la justicia internacional demuestra una supuesta instrumentalización del organismo para profundizar las desigualdades y vulnerar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El factor temporal y las obligaciones del Estado según Acceso a la Justicia
El abogado Ali Daniels, codirector de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicó en declaraciones recogidas por Runrun.es que el anuncio de la cancillería no se traduce en una desvinculación inmediata de la jurisdicción del tribunal. Daniels precisó que, de acuerdo con las normas del propio Estatuto de Roma, cualquier denuncia del tratado solo empieza a surtir efectos jurídicos un año después de que la notificación formal haya sido recibida por el secretario general de la ONU.
Durante este periodo de doce meses de transición, el Estado venezolano mantiene intactas sus obligaciones internacionales. El especialista recalcó que el país sigue obligado a cumplir con todas las directrices del estatuto, lo que incluye cooperar activamente con las investigaciones que actualmente se encuentran en desarrollo.
Daniels enfatizó que la investigación denominada "Venezuela I" continuará su curso regular incluso si se concreta el plazo de un año para el retiro definitivo. Bajo este criterio, cualquier orden de comparecencia o de aprehensión que sea emitida por los jueces de la CPI en el marco de este proceso conserva su total validez y exigibilidad legal.
Para ilustrar este escenario, el director de Acceso a la Justicia recordó el precedente del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien también denunció el Estatuto de Roma para apartar a su país del tribunal. A pesar de esa acción, la CPI continuó con el proceso judicial en su contra, lo que demuestra que la denuncia de la carta fundacional no frena los expedientes en curso. Daniels lamentó la postura del Ejecutivo, recordando que Venezuela tuvo una participación activa en la redacción y fundación del Estatuto de Roma, por lo que este retroceso debilita el sistema de justicia internacional.
Alineación geopolítica y la postura de Washington
El contexto en el que se produce este anuncio coincide con recientes debates en la política exterior de los Estados Unidos. Ali Daniels observó que la decisión de la administración venezolana ocurre pocos días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresara la intención de Washington de iniciar una campaña dirigida a desmantelar la CPI.
Según los datos recopilados por Runrun.es, Rubio calificó al tribunal de La Haya como una amenaza para la soberanía de su país, criticando que la corte se atribuya la facultad de procesar a funcionarios y militares que actúan bajo el interés nacional estadounidense. La estrategia descrita por el Departamento de Estado norteamericano contempla medidas restrictivas de visado para el personal de la CPI, sanciones financieras contra sus integrantes y presiones diplomáticas hacia los países aliados que cooperan con el organismo.
Por su parte, el periodista y analista Luis Carlos Díaz señaló a Runrun.es que la medida del Gobierno venezolano evidencia una falta de voluntad para colaborar con las averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Díaz apuntó que las autoridades locales buscan aprovechar la coyuntura de confrontación entre Washington y la CPI para intentar eludir la acción de la justicia. No obstante, el comunicador advirtió que el alcance legal de la corte se mantiene firme sobre los individuos investigados, a menos que ocurra un desmantelamiento total de la institución por presiones externas.
Reestructuración interna en la Fiscalía de la CPI
De forma paralela a estos acontecimientos, la estructura de la Corte Penal Internacional experimentó un cambio de relevancia. La Organización de las Naciones Unidas informó sobre la destitución del fiscal de la CPI, Karim Khan, luego de un procedimiento disciplinario originado por denuncias de conducta sexual inapropiada.
La remoción se concretó mediante una votación secreta en la Asamblea de los Estados Partes, donde participan los 125 países miembros del tribunal. La moción de destitución obtuvo una mayoría simple de 82 votos a favor. El presidente de la Asamblea formalizó la declaración indicando que se determinó la existencia de una falta grave en el ejercicio de las funciones del fiscal, instando a preservar el respeto y la privacidad de las partes involucradas en el caso, mientras se inicia el proceso para seleccionar a un nuevo titular de la Fiscalía.
