NUEVA YORK, EE. UU. – En un contundente llamado a la solidaridad y la acción humanitaria, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha urgido al Gobierno de Donald Trump a restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos, cuya situación se ha tornado aún más precaria tras los devastadores sismos que sacudieron el país caribeño. La petición, articulada durante una visita a un centro de acopio comunitario en Brooklyn, subraya la insostenible realidad de millones de venezolanos y la responsabilidad compartida de la comunidad internacional.
La voz de Mamdani se alzó desde el corazón de la diáspora venezolana en Nueva York, en el restaurante Lulla's de Brooklyn, un epicentro de esperanza transformado en uno de los mayores centros de donación de la región. Aquí, entre montañas de alimentos, medicinas y víveres, la comunidad venezolana y sus aliados en la Gran Manzana se han movilizado para ofrecer un respiro a su nación de origen, golpeada por una doble tragedia: la crisis humanitaria crónica y los recientes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5.
"Seguiremos exigiendo que el Gobierno federal redesigne el TPS para Venezuela y restablezca protecciones humanitarias para los que viven en EE.UU.", declaró el alcalde Mamdani, según un comunicado oficial. Su argumento es irrefutable: "Después de dos grandes terremotos y años de inestabilidad política, ninguna persona honesta puede discutir que sea seguro volver a Venezuela". Esta afirmación no solo es un eco de la realidad que viven millones de venezolanos, sino también una crítica directa a las políticas migratorias que, a su juicio, ignoran la gravedad de la situación en el país sudamericano.
Acompañando al alcalde, Faiza N. Ali, jefa de Asuntos de Inmigración, y Ana María Archila, jefa de Asuntos Internacionales, reforzaron el mensaje, instando a Washington a "usar cada herramienta humanitaria posible", incluyendo la autorización de la Salida Forzosa Diferida (DED) y la reasignación del TPS. La ciudad de Nueva York, a través de sus funcionarios, ha dejado claro que la respuesta no puede ser solamente local, sino que exige una intervención federal coordinada y compasiva.
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La situación de los venezolanos en el extranjero es una de las mayores crisis migratorias y de desplazamiento forzado en la historia reciente de América Latina. Desde mediados de la década de 2010, la combinación de una profunda crisis política, un colapso económico sin precedentes y una creciente espiral de violencia y violaciones de derechos humanos ha empujado a más de siete millones de personas a abandonar el país. Este éxodo masivo ha desbordado las capacidades de los países vecinos y ha extendido sus ramificaciones hasta naciones como Estados Unidos, donde la comunidad venezolana ha crecido exponencialmente en los últimos años.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una designación otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. a ciudadanos de países que enfrentan condiciones extraordinarias y temporales, como conflictos armados, desastres naturales o epidemias, que les impiden regresar a su patria de manera segura. Este estatus ofrece a los beneficiarios protección contra la deportación y un permiso de trabajo, permitiéndoles contribuir a la economía estadounidense mientras su país de origen se recupera. Históricamente, el TPS ha sido una herramienta vital para la política exterior y humanitaria de EE. UU., aunque su aplicación y renovación han sido objeto de intenso debate político.
Bajo la administración Trump, la política migratoria se caracterizó por un endurecimiento de las fronteras y una revisión restrictiva de programas como el TPS. Si bien la comunidad venezolana no recibió una designación completa de TPS durante el primer mandato de Trump, sí se implementaron otras medidas, como la Salida Forzosa Diferida (DED) en 2021, que ofrecía una protección similar. Sin embargo, la continuidad y la amplitud de estas protecciones han sido inconsistentes, dejando a cientos de miles de venezolanos en un limbo legal y con la constante amenaza de la deportación.
El actual reclamo del alcalde Mamdani se produce en un momento crítico. Según los datos citados por el comunicado, de los aproximadamente 600.000 venezolanos que en algún momento se vieron amparados por alguna forma de protección migratoria, 250.000 perdieron su amparo el pasado noviembre, y a otros 350.000 se les vence la protección en octubre próximo. Esta situación representa una espada de Damocles para una población ya vulnerable, que se enfrenta a la posibilidad de ser devuelta a un país que, como bien apunta Mamdani, dista mucho de ser seguro.
Terremotos: Una Tragedia sobre la Catástrofe Existente
La reciente serie de terremotos en Venezuela, con magnitudes de 7.2 y 7.5 el 24 de junio, ha añadido una capa de devastación a una nación ya de rodillas. El Gobierno venezolano ha reportado al menos 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas, cifras que, en un país con una infraestructura sanitaria y de rescate colapsada, podrían ser aún mayores. Las imágenes de edificaciones derrumbadas, carreteras intransitables y comunidades enteras incomunicadas han conmocionado al mundo, y han evidenciado la extrema fragilidad de Venezuela ante cualquier evento adverso.
Estos sismos no solo han causado pérdidas humanas y materiales directas, sino que han exacerbado la ya crítica situación humanitaria. Con hospitales sin insumos básicos, escasez crónica de agua y electricidad, y una economía incapaz de responder a las necesidades más apremiantes de su población, la capacidad de Venezuela para gestionar una catástrofe natural de esta magnitud es prácticamente nula. La recuperación y reconstrucción serán tareas hercúleas, que requerirán años de esfuerzo y una ayuda internacional masiva y sostenida. En este contexto, la idea de que un venezolano pueda regresar "seguramente" a su país es, para muchos, una quimera.
Implicaciones: Un Cruce de Caminos Humanitario, Social y Político
La petición del alcalde Mamdani y la respuesta de la comunidad tienen profundas implicaciones en múltiples niveles.
En el ámbito humanitario, la negativa a otorgar o renovar el TPS para los venezolanos significaría la deportación de miles de personas a un país en ruinas y bajo una dictadura. Esto no solo contravendría los principios humanitarios básicos, sino que expondría a estas personas a riesgos inminentes de persecución, violencia y privaciones extremas. La frase "no es seguro volver a Venezuela" no es un eslogan político, sino una cruda descripción de la realidad para millones.
Socialmente, la comunidad venezolana en Estados Unidos, y en particular en Nueva York, ha demostrado una resiliencia y una capacidad de organización admirables. Lugares como Lulla's no son solo centros de donación; son símbolos de la solidaridad y la determinación de una diáspora que se niega a olvidar sus raíces y a abandonar
