Advierten sobre fragilidad institucional y riesgos de acuerdos petroleros con EE.UU.
En un artículo publicado en la página del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el abogado y investigador venezolano, José Ignacio Hernández, dijo que detrás de la magnitud de las cifras que se desprenden de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos aparecen
El acuerdo petrolero suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela ha generado intensos debates sobre su viabilidad jurídica, la transparencia de sus cláusulas y el impacto real que tendrá sobre la soberanía de los recursos naturales del país. De acuerdo con un análisis del abogado e investigador venezolano José Ignacio Hernández, publicado por el Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y difundido por el portal informativo Runrun.es, el pacto compromete reservas de hidrocarburos bajo un esquema que despierta severas dudas institucionales y operativas. El documento plantea un escenario de alta incertidumbre para la transición democrática y la seguridad jurídica de futuras inversiones en el sector energético nacional.
El alcance del pacto y el rol de NABEP
El convenio energético, firmado en el palacio de Miraflores por el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, y la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contempla la entrega de concesiones por un lapso de 100 años. Según los datos recopilados por el CSIS, este acuerdo abarca 17 campos petroleros que poseen reservas probadas estimadas en 65 000 millones de barriles. De ejecutarse la totalidad de los términos pactados, la empresa Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se posicionaría como la segunda corporación petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas controladas.
La estructura financiera y corporativa diseñada para esta operación otorga una participación directa al sector público estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa, controlará el 35% de las acciones de la empresa matriz de NABEP. Adicionalmente, el Estado norteamericano obtiene el derecho preferencial de adquirir el 80% de la producción total y la facultad de comprar el 20% restante a precio de costo con el fin de abastecer su Reserva Estratégica de Petróleo. El control de Washington también se extiende al plano administrativo, reservándose el poder de veto sobre los miembros de la junta directiva, cuya mayoría deberá ser de nacionalidad estadounidense.
A pesar del volumen de recursos asignados, NABEP, una firma constituida hace dos años y con escasa trayectoria en el área de explotación de hidrocarburos, asumirá la gestión operativa de los 17 proyectos. El informe del CSIS advierte que, debido a sus limitaciones técnicas, la empresa se verá obligada a buscar alianzas con otras operadoras internacionales para poder iniciar la explotación de los yacimientos, lo que configura un modelo operativo indirecto y de alta complejidad corporativa.
Vacíos jurídicos y contradicciones constitucionales
La viabilidad legal del acuerdo es uno de los puntos más críticos señalados en la investigación de Hernández. El análisis advierte que las autoridades interinas de Venezuela carecen de las atribuciones legales necesarias para otorgar concesiones petroleras con una vigencia de un siglo. Según la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, la legislación venezolana establece que la exploración y explotación de crudo debe realizarse mediante contratos de participación en la producción, celebrados por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Pdvsa Petróleos o empresas mixtas con socios privados.
Bajo este marco legal vigente, los instrumentos jurídicos autorizados son contratos de servicios que no transfieren la propiedad ni los derechos reales sobre los yacimientos de hidrocarburos a las corporaciones privadas, las cuales actúan únicamente por cuenta del Estado. El informe del CSIS subraya que la falta de claridad sobre la naturaleza del título jurídico otorgado a NABEP introduce un factor de inestabilidad que podría desalentar la llegada de capitales privados. Asimismo, el esquema propuesto podría colidir con el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reserva de manera explícita el control de la industria petrolera a la corporación estatal venezolana.
La legitimidad de las autoridades firmantes
El contexto político en el que se produce la firma del acuerdo añade un componente de fragilidad institucional. El reporte de Runrun.es resalta que los Departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos han sostenido de manera formal que Nicolás Maduro no cuenta con reconocimiento como presidente electo, y que el nombramiento de Delcy Rodríguez como vicepresidenta tampoco cumple con los requisitos de legalidad. A esto se suma que el periodo de 180 días establecido para el ejercicio de la presidencia interina por parte de la vicepresidencia expiró en julio.
La administración estadounidense reconoció a Rodríguez como jefa de Estado en marzo de 2026, fundamentando su decisión en el control de facto que la funcionaria ejercía sobre la estructura de gobierno tras la captura de Maduro. No obstante, esta postura entra en contradicción con las directrices del propio Departamento de Estado, que sigue catalogando a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 como la última institución democrática legítima con reconocimiento internacional en el país. Esta dualidad de criterios abre la interrogante sobre la validez y la permanencia de estos compromisos de largo plazo una vez que Venezuela cuente con un gobierno surgido de elecciones democráticas y competitivas.
Desafíos técnicos y metas de producción a largo plazo
La reactivación de la infraestructura petrolera venezolana bajo este nuevo esquema no se traducirá en un incremento inmediato de la producción. Aunque no se dispone de coordenadas oficiales sobre la ubicación exacta de los 17 campos incluidos en el trato, proyecciones de consultoras independientes citadas por el CSIS indican que las tres empresas conjuntas asociadas a NABEP registrarían una producción cercana a los 124 000 barriles diarios para la última semana de agosto.
El proceso de recuperación enfrenta serios obstáculos técnicos. Ocho de los proyectos asignados corresponden a desarrollos desde cero (greenfield), lo que requiere de inversiones prolongadas y fases de construcción extensas antes de extraer el primer barril. Adicionalmente, el deterioro de los terminales portuarios y la inestabilidad crónica del sistema eléctrico nacional restan viabilidad a la meta de alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios a corto plazo. Si se considera que el consumo diario promedio de petróleo en los Estados Unidos durante el año 2025 se ubicó en 20,6 millones de barriles, el aporte del 20% de la producción de NABEP destinado a la reserva estratégica estadounidense resulta marginal frente a la demanda real de ese mercado.
El análisis de Hernández concluye que, si bien el plan busca reducir la influencia de actores geopolíticos como China, Rusia e Irán en el territorio venezolano, la sola exclusión de estos factores no garantiza el éxito de la reconstrucción económica. Para lograr una reactivación sostenible de la industria, el país requiere de instituciones públicas transparentes, sólidas y con un marco legal previsible. El diseño de este acuerdo, calificado en el informe como opaco y de dudosa constitucionalidad, traslada una compleja carga de decisiones políticas y jurídicas a las futuras autoridades democráticas de la nación.
