Administración de Trump pide a la fiscalía otorgar inmunidad a Delcy Rodríguez en EE. UU.
Washington.- El gobierno de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia estadounidense intervenir para que se reconozca la inmunidad legal de Delcy Rodríguez ante una demanda civil que enfrenta en un tribunal de Florida Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio
El gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, solicitó formalmente al Departamento de Justicia de ese país que intervenga para reconocer la inmunidad legal de Delcy Rodríguez. La medida busca frenar una demanda civil que la funcionaria enfrenta en un tribunal federal del estado de Florida, según los documentos y reportes obtenidos por el medio digital venezolano El Pitazo.
La petición fue canalizada a través de una correspondencia oficial enviada el pasado 11 de julio por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, al fiscal general adjunto estadounidense, Brett Shumate. En dicha misiva, la diplomacia norteamericana insta a las autoridades judiciales a actuar con celeridad para consagrar el estatus de inmunidad de Rodríguez ante la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, ubicado en la ciudad de Miami.
El argumento de la transición y el reconocimiento de Washington
La base jurídica y diplomática expuesta por el Departamento de Estado para fundamentar esta solicitud radica en el estatus político que la Casa Blanca otorga actualmente a Rodríguez. De acuerdo con el texto de la carta enviada a la fiscalía, la administración estadounidense reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como la jefa de Estado interina de Venezuela desde el pasado 5 de marzo.
Este reconocimiento se produjo semanas después de que el mandatario Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas de seguridad estadounidenses el 3 de enero del mismo año. Tras este acontecimiento, Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumió las funciones del Poder Ejecutivo en Caracas, lo que llevó al Departamento de Estado a validar su posición como la autoridad máxima del Estado venezolano para efectos de sus relaciones exteriores.
En el documento enviado al fiscal adjunto Shumate, el asesor Rubinstein señala que la presidenta en funciones goza de inmunidad soberana frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el ejercicio de su cargo. Por tal motivo, el Departamento de Estado requirió que el Departamento de Justicia presente ante el tribunal de la causa una "sugerencia de inmunidad" a la mayor brevedad posible para informar formalmente al juez a cargo sobre la postura oficial del Poder Ejecutivo estadounidense.
La demanda en Florida y las sanciones civiles
El proceso judicial en cuestión se desarrolla en el Distrito Sur de Florida, donde un grupo de demandantes interpuso una acción civil contra altos cargos del gobierno venezolano. Las acusaciones que sustentan el caso civil incluyen presuntos secuestros, torturas y actos de terrorismo atribuidos a las estructuras de seguridad del Estado bajo la gestión del chavismo.
A pesar de las gestiones diplomáticas para proteger a Rodríguez, el proceso judicial siguió su curso para el resto de los señalados. El pasado 15 de julio, pocos días después del envío de la carta del Departamento de Estado, el juez federal a cargo del caso dictó una sentencia que ordena el pago de una indemnización de 314 millones de dólares. No obstante, en concordancia con las gestiones de inmunidad en marcha, Delcy Rodríguez fue excluida de la responsabilidad financiera y legal de este fallo, el cual sí se mantiene vigente contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su administración.
La representación diplomática de Venezuela en Washington, alineada con la gestión interina de Rodríguez, desempeñó un papel activo en este proceso al solicitar formalmente al Departamento de Estado la certificación de su inmunidad jurisdiccional, una petición que finalmente fue respaldada por la administración de Trump.
Implicaciones para la política exterior de Estados Unidos
La solicitud de inmunidad para Rodríguez refleja un giro estratégico en la política exterior de Washington hacia Caracas tras los acontecimientos de principios de año. En la carta enviada a la fiscalía general adjunta, el Departamento de Estado enfatizó la "especial importancia" que tiene para los intereses de seguridad y diplomacia de los Estados Unidos que la demanda contra Rodríguez sea desestimada de manera definitiva.
El documento advierte que la continuidad de un proceso judicial de carácter civil contra la jefa de Estado reconocida por Washington conllevaría "significativas implicaciones de política exterior". Desde la detención de Maduro, la Casa Blanca ha optado por mantener y estrechar los canales de comunicación y las relaciones de trabajo con la administración interina dirigida por Rodríguez, priorizando la estabilidad institucional y la interlocución directa con el poder de facto en Caracas sobre los litigios judiciales en territorio norteamericano.
Esta postura del ejecutivo estadounidense subraya la tradicional doctrina legal según la cual la conducción de las relaciones exteriores y el reconocimiento de gobiernos extranjeros corresponden exclusivamente al presidente y al Departamento de Estado, limitando la capacidad de los tribunales locales para interferir en decisiones que puedan alterar el equilibrio diplomático global.
El escenario político interno en Venezuela
La consolidación de las relaciones entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez introduce nuevas variables en el complejo panorama político venezolano. Mientras Washington afianza su interlocución con la figura que asumió el control del Ejecutivo tras la captura de Maduro, la disidencia interna mantiene posturas diversas sobre el rumbo de la transición.
Por un lado, la líder opositora María Corina Machado ha reafirmado públicamente su determinación de regresar a Venezuela con el objetivo de promover y coordinar un proceso de transición democrática que responda a las aspiraciones de cambio de la sociedad civil. Por otro lado, diversos sectores de la oposición venezolana han manifestado su respaldo a la reactivación de procesos de diálogo y negociación con las autoridades que controlan el aparato estatal, aunque bajo la exigencia de que estos espacios de concertación sean más amplios, inclusivos y representativos de todas las fuerzas políticas del país.
El respaldo legal brindado por la Casa Blanca a Rodríguez en el sistema judicial estadounidense evidencia que, más allá de las retóricas del conflicto, la diplomacia de Washington prioriza la interlocución formal con quienes ejercen el control institucional en Caracas para resguardar sus intereses estratégicos en la región.
