Activistas de DD. HH. : liberación de presos políticos se usa como herramienta de propaganda política
Martha Tineo dijo que en el país no se puede hablar de estabilización, recuperación o transición cuando más de 600 personas están encarceladas
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El Pitazo
2 jun. 2026
La Liberación de Presos Políticos: Un Juego de Propaganda que Desgarra la Esperanza en Venezuela
CARACAS, Venezuela – En un país donde la justicia a menudo parece ser una extensión del poder político, la situación de los presos políticos se ha convertido en un termómetro implacable de la fragilidad democrática. Recientes anuncios de excarcelaciones, presentados con bombo y platillo por voceros del gobierno, han sido rápidamente desenmascarados por activistas de derechos humanos como una cínica táctica de propaganda, diseñada para manipular la opinión pública y aliviar la presión internacional, sin una voluntad genuina de restituir la libertad y la justicia. Esta denuncia, que resuena con fuerza en los pasillos de las organizaciones no gubernamentales, subraya una dolorosa realidad: el sufrimiento humano se instrumentaliza en el ajedrez político venezolano.
Martha Tineo, coordinadora general de Justicia Encuentro y Perdón, y Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), han levantado sus voces para desenmascarar esta práctica recurrente. Ambos han advertido a "Libertad VZLA" que los recurrentes anuncios de liberación de presos políticos, que rara vez se cumplen en su totalidad, son una clara muestra de la instrumentalización de la justicia con fines propagandísticos por parte del chavismo. Tineo lo expresó sin rodeos: "Lamentablemente no es sorprendente. Desde enero hemos recibido anuncios que luego no se cumplen, de tal manera que penosamente la liberación de presos políticos sigue siendo utilizada como propaganda política con el sufrimiento que eso genera en los detenidos y sus familiares quienes siguen en una espera tortuosa de la recuperación de sus vidas y su libertad."
La promesa más reciente, emitida el 20 de mayo por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, hablaba de la excarcelación de 300 presos políticos antes del viernes de esa misma semana. Dos días después, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, elevó la cifra a 500. Sin embargo, casi dos semanas después de estas declaraciones, la realidad ha sido desoladora: ninguna de las dos cifras se ha hecho efectiva. La ONG Foro Penal, un referente en el monitoreo de la situación de los presos políticos, solo pudo registrar 39 excarcelaciones entre el 18 y el 25 de mayo, una ínfima parte de lo prometido, lo que representa poco más del 10% de los anuncios iniciales. Este patrón de promesas rotas no es nuevo, pero cada vez que se repite, profundiza la herida en miles de familias que anhelan el regreso de sus seres queridos.
Un Patrón Histórico de Rehenes Políticos y Justicia Instrumentada
La práctica de encarcelar a opositores políticos y utilizarlos como moneda de cambio o herramienta de presión no es un fenómeno reciente en Venezuela. Desde los inicios del siglo XXI, con el ascenso del chavismo al poder, la figura del "preso político" se ha arraigado dolorosamente en el léxico nacional. Lo que comenzó como detenciones puntuales de figuras de alto perfil ha escalado hasta convertirse en una política sistemática de criminalización de la disidencia, afectando a estudiantes, militares, activistas sociales, periodistas y ciudadanos comunes que osan levantar la voz contra el statu quo.
El sistema judicial venezolano, que debería ser garante de la imparcialidad y el debido proceso, ha sido denunciado reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales como un brazo ejecutor de las directrices políticas del gobierno. Las detenciones arbitrarias, las acusaciones infundadas, los juicios sin garantías y las condenas desproporcionadas se han convertido en la norma para aquellos percibidos como enemigos del régimen. En este contexto, la liberación de presos políticos no se percibe como un acto de justicia o clemencia, sino como una concesión calculada, un movimiento táctico en un tablero político complejo.
Marino Alvarado, de Provea, enfatiza que el incumplimiento de los anuncios de los Rodríguez "es una muestra de que la voluntad política para resolver lo referente a los presos políticos no es del todo sincera y a veces es usada más para realizar propaganda a favor del itinerato de Delcy (Rodríguez) que por un interés real de excarcelar." Esta afirmación apunta directamente al corazón de la estrategia gubernamental: usar la vida y la libertad de cientos de personas para pulir una imagen internacional deteriorada o para generar una falsa sensación de apertura en momentos clave.
La lista de Justicia Encuentro y Perdón, que registra 627 personas presas por razones políticas en el país, es un testimonio escalofriante de la magnitud del problema. De estos, 543 son hombres y 84 mujeres. La vulnerabilidad de muchos de ellos es aún más preocupante: 42 padecen enfermedades graves, 16 son adultos mayores y 20 se encuentran en situación de desaparición forzada, una de las violaciones más graves y dolorosas de los derechos humanos. Estos números no son meras estadísticas; representan vidas truncadas, familias destrozadas y un país que se desangra bajo el peso de la injusticia.
Ni siquiera tragedias humanas de la magnitud de la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, ni el posterior deceso de su madre, Carmen Teresa Navas –quien lideró una incansable búsqueda de su hijo–, han logrado conmover al régimen para liberar a los centenares de personas encarceladas por motivaciones políticas. Estos casos, que deberían ser un punto de inflexión moral, apenas generan una efímera ola de indignación antes de ser sepultados bajo la pesada capa de la impunidad.
Las Excarcelaciones: Más Allá de la Propaganda, una Deuda con la Justicia
Las pocas excarcelaciones que sí se han materializado en las últimas semanas también revelan una verdad incómoda. Tras los anuncios de Rodríguez, se liberó a tres expolicías metropolitanos que sumaban más de 20 años tras las rejas por los hechos del 11 de abril de 2002. Su liberación, aunque bienvenida, se produjo tras haber cumplido condenas que excedían con creces el tiempo que debieron haber pasado en prisión, en un caso emblemático de cómo la justicia fue manipulada para castigar a los opositores de aquel entonces.
Similar fue el caso de un grupo de militares vinculados al llamado caso "Paracaidistas", entre ellos el general Ramón Lozada Saavedra y varios sargentos. Condenados a 8 años de cárcel, pasaron 9 años y seis meses en prisión, sobrepasando el tiempo de su condena y saliendo por cumplimiento de pena, no por un acto de clemencia. Estos son los mismos casos que se relacionan con el exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado el 12 de octubre de 2021, un hecho que sigue envuelto en sombras y que es responsabilidad directa del Estado.
Estas "liberaciones", más que gestos de buena voluntad, parecen ser el resultado de la imposibilidad de seguir manteniendo encarceladas a personas que ya han cumplido o excedido sus condenas, o de aquellos que han sucumbido a las precarias condiciones carcelarias. Es una gestión de crisis, no una rectificación de injusticias.
Implicaciones Profundas para la Sociedad Venezolana
La instrumentalización de los presos políticos tiene implicaciones devastadoras en múltiples niveles:
Políticas: Socava cualquier posibilidad de diálogo y negociación seria para resolver la crisis venezolana. Si el gobierno utiliza a los presos como "rehenes" y sus liberaciones como meros trucos propagandísticos, la confianza en cualquier acuerdo futuro se desintegra. Refuerza la imagen de un régimen autoritario que desprecia el estado de derecho y utiliza la coacción como herramienta de control.
Sociales: Genera un profundo miedo en la población, fomentando la autocensura y la pasividad. Las familias de los presos políticos viven un calvario de incertidumbre, dolor y esperanza frustrada, lo que desgarra el tejido social y perpetúa un ciclo de trauma. La sociedad en su conjunto se acostumbra a la arbitrariedad, perdiendo la fe en la justicia y en la posibilidad de un futuro democrático.
Económicas: Aunque no directamente visible, la inestabilidad política generada por estas prácticas disuade la inversión, profundiza la crisis económica y aleja cualquier posibilidad de recuperación sostenible. La falta de seguridad jurídica y el control político sobre las instituciones son factores clave que impiden el desarrollo y la prosperidad.
Internacionales: Daña aún más la ya deteriorada imagen de Venezuela en el escenario global. A pesar de los intentos por proyectar una fachada de normalización o apertura, la persistencia de presos políticos y la manipulación de sus liberaciones refrendan las condenas de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional. Esto mantiene las sanciones y el aislamiento diplomático, obstaculizando cualquier intento de reintegración del país en la comunidad internacional.
Un Llamado Urgente a la Comunidad Internacional
La abogada y activista Martha Tineo reitera que "la liberación de los presos políticos pasa por una decisión política y hasta tanto honestamente no se tome, seguiremos teniendo rehenes políticos en Venezuela." Su llamado a la comunidad internacional es un clamor por la acción: "Creo que toda la comunidad internacional debe actuar, la libertad de todos los presos políticos en Venezuela es urgente, no se puede hablar de estabilización, recuperación y menos acercarnos a un genuino proceso de transición mientras la vida y la libertad de más de 600 prisioneros políticos esté en riesgo."
Desde "Libertad VZLA", nos unimos a esta voz de alerta. La verdadera estabilización de Venezuela no puede construirse sobre cimientos de injusticia y manipulación. La libertad de expresión, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos no son negociables; son la base de cualquier sociedad democrática. La liberación incondicional y genuina de todos los presos políticos es el primer paso indispensable para restaurar la confianza, sanar las heridas y abrir una senda hacia un futuro de verdadera libertad y justicia para todos los venezolanos. Ignorar esta realidad es perpetuar un ciclo de sufrimiento que el país ya no puede soportar.
