Caracas, Venezuela – En un acto que mezcla la esperanza cautelosa con la amarga realidad de un proceso judicial inconcluso, la reconocida activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, ha regresado a Venezuela. Su retorno, tras meses de exilio forzado en España, tiene un propósito claro y doloroso: enfrentar de cerca el cierre de la causa judicial que la mantuvo casi dos años privada de libertad en las sombrías instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.
La noticia de su regreso fue confirmada a través de un comunicado emitido desde España por su hermano mayor, José Manuel San Miguel, quien expresó el anhelo familiar de ver este capítulo de incertidumbre y dolor finalmente clausurado. Este paso, cargado de simbolismo y valentía, representa no solo la determinación de Rocío por limpiar su nombre, sino también el deseo profundo de reencontrarse con su círculo más íntimo y acompañar, en persona, cada etapa de este proceso que ha marcado profundamente la vida de su familia.
El Largo Calvario de Rocío San Miguel
La historia de Rocío San Miguel es un espejo de la compleja y a menudo brutal realidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela. Directora de la prestigiosa ONG Control Ciudadano, su trayectoria se ha caracterizado por la fiscalización incansable de la gestión pública y la denuncia de irregularidades, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional. Fue precisamente esta labor la que, según muchos, la puso en la mira de las autoridades.
Su calvario comenzó el 9 de febrero de 2024, cuando fue abruptamente interceptada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, justo cuando se disponía a salir del país por un asunto familiar. Lo que siguió fue un patrón tristemente familiar en los casos de detenciones políticas en Venezuela: una "desaparición forzada" inicial, donde su paradero permaneció desconocido por horas, sembrando la angustia y la desesperación entre sus seres queridos. Este acto inicial, violatorio de los más elementales derechos humanos, fue solo el preámbulo de una detención que se extendería por casi dos años.
Las acusaciones formuladas en su contra resonaron con la gravedad de los cargos más serios que puede imputar el Estado: terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir. Según la información proporcionada en su momento por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, la abogada estaría "presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘brazalete blanco’", un supuesto plan para atentar contra la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Estas imputaciones, desproporcionadas y carentes de pruebas convincentes a los ojos de la comunidad internacional, se convirtieron en la base legal para su prolongada privación de libertad.


