A un mes del doblete sísmico, caraqueños denuncian lentitud en la atención institucional
En vísperas de cumplirse un mes del doble terremoto del pasado 24 de junio, organizaciones comunitarias y vecinos afectados denuncian la lentitud en la respuesta institucional y la falta de un plan integral para la atención de las personas damnificadas. Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, ofreció un balance de
Organizaciones comunitarias y habitantes del municipio Libertador de Caracas reportaron un retraso prolongado en la asistencia estatal y la inexistencia de un programa estructurado para atender a las familias damnificadas, a casi un mes del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio. Las denuncias señalan que la falta de respuestas oportunas mantiene a decenas de personas en situación de calle o en estructuras inestables dentro de diversas parroquias de la capital venezolana. De acuerdo con los balances ofrecidos por los liderazgos vecinales, las evaluaciones técnicas de los inmuebles y la habilitación de refugios temporales no cumplieron con los lapsos requeridos para una emergencia de esta magnitud.
Retrasos en la asistencia inicial y evaluación de daños
El proceso de atención primaria para los afectados por el sismo registró demoras significativas desde las primeras horas del evento. Según las declaraciones de Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, las autoridades tardaron un lapso de 48 horas para proceder con la instalación de los primeros albergues temporales destinados a las familias que perdieron sus hogares. Rojas, quien declaró también en condición de afectado directo debido a la pérdida total de su propio apartamento en la parroquia Altagracia, explicó que la lentitud inicial dejó desamparadas a decenas de personas durante las horas más críticas posteriores al movimiento telúrico.
La evaluación del estado físico de las viviendas e infraestructuras multifamiliares tampoco se ejecutó de manera inmediata. De acuerdo con el reporte del Frente Norte de Caracas, las inspecciones técnicas destinadas a determinar el nivel de riesgo de los inmuebles comenzaron a realizarse casi dos semanas después del sismo. Este procedimiento, que consiste en la asignación de códigos de habitabilidad mediante etiquetas de color verde (apto), amarillo (riesgo moderado o acceso restringido) y rojo (inhabitable o peligro de colapso), se inició únicamente tras las constantes jornadas de protesta y presión ejercidas por los propios habitantes de las zonas afectadas.
El mapa de la afectación en el municipio Libertador
La evaluación realizada por las organizaciones comunitarias abarcó un recorrido terrestre por múltiples sectores del centro y el oeste de Caracas. Rojas detalló que se constataron daños estructurales de diversa consideración en las parroquias Altagracia, La Pastora, San Bernardino, Candelaria, San Martín y en populosas zonas de Catia. A pesar de que el sismo también causó estragos de consideración en el vecino estado La Guaira, los voceros vecinales enfatizaron que el impacto material dentro del municipio Libertador requería una movilización de recursos de ingeniería y asistencia social que no se ejecutó con la rapidez necesaria por parte de la administración de Delcy Rodríguez.
La situación dentro de los complejos residenciales construidos bajo la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) representa uno de los puntos de mayor preocupación para los denunciantes. El coordinador de la organización vecinal señaló, mediante una nota de prensa institucional, que en estos urbanismos estatales no se ha implementado un protocolo técnico riguroso ni transparente para evaluar las condiciones de los edificios tras el temblor. La comunidad de estos complejos habitacionales debió organizarse de forma independiente para exigir la presencia de ingenieros y especialistas que certificaran la seguridad de las estructuras, ante el temor de fallas estructurales mayores.
Vulnerabilidad en las cercanías del poder político
Uno de los aspectos más críticos documentados por el Frente Norte de Caracas es la ubicación geográfica de las familias que hoy se encuentran sin vivienda o pernoctando en condiciones de alta precariedad. Las denuncias indican que existen personas durmiendo a la intemperie en calles y espacios públicos que colindan directamente con las sedes de las principales instituciones del Estado venezolano. Los afectados señalan que la proximidad de sus sectores con el Palacio de Miraflores, el Tribunal Supremo de Justicia, el Panteón Nacional y la sede de la Fiscalía General de la República no se tradujo en una canalización prioritaria de la ayuda humanitaria o de reubicación.
La permanencia de damnificados en la vía pública pone de manifiesto las fallas de coordinación entre el Ejecutivo nacional y la Alcaldía del municipio Libertador, dirigida por Carmen Meléndez. A través de un registro audiovisual difundido en la red social X por la cuenta de Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13), se evidenció cómo grupos de ciudadanos deben subsistir en espacios improvisados en las aceras, sin acceso a servicios básicos de saneamiento, agua potable o seguridad, mientras esperan respuestas concretas sobre la adjudicación de nuevas viviendas o la reparación de los daños en sus propiedades de origen.
La autogestión y la respuesta comunitaria ante la emergencia
Ante la ausencia de un despliegue logístico estatal continuo y eficiente durante las semanas posteriores al doble sismo, los lazos de solidaridad interna entre los propios habitantes de las parroquias caraqueñas se convirtieron en el principal mecanismo de soporte para las víctimas. Las redes de vecinos organizados asumieron tareas de distribución de alimentos básicos, recolección de mantas, ropa y asistencia médica primaria para quienes quedaron sin bienes materiales.
Rojas puntualizó que el tejido social comunitario suplió las deficiencias de los organismos de protección civil y asistencia social en las fases más agudas de la contingencia. La entrega de insumos básicos como alimentos preparados y asistencia para la remoción de escombros de baja escala se ejecutó mediante esquemas de autogestión vecinal. Los afectados insisten en que, a un mes del desastre, se requiere con urgencia la publicación de un censo oficial de damnificados y la presentación de un plan de reconstrucción urbana que ofrezca soluciones habitacionales definitivas y seguras para evitar que la permanencia en la calle se convierta en una condición estructural.
