José Chirinos se autodefine como un “guerrero”; sin embargo, confiesa que a estas alturas “tengo que esconder la toalla para no tirarla”. Lo que está quebrando la resistencia de este empresario de 65 años son los recurrentes cortes de electricidad que padece en Maracaibo, capital del estado Zulia, fronterizo con Colombia.
“El tema de la luz es criminal”, expone vía telefónica. El plan de racionamiento eléctrico impuesto por el gobierno de Delcy Rodríguez incluye la suspensión del servicio diariamente por cuatro horas. “Pero como no es uniforme en toda la ciudad, te pueden tocar ocho horas: cuatro en tu casa y cuatro en tu lugar de trabajo”, describe Chirinos.
En una de las urbes más calientes de Venezuela, con una temperatura promedio por encima de los 30 grados centígrados durante todo el año, el empresario admite que la falla del servicio eléctrico produce un “desgaste no solo económico sino también emocional” en la gente.
Tampoco es fácil echarse un baño para refrescarse. “Aquí el agua llega por tuberías cada 20 días. Los que tenemos tanques nos salvamos porque podemos administrarla, y los que no sufren penurias, tienen que pagar entre 20 y 30 dólares por un camión cisterna”, relata.
“Cuando aquí se va la luz en la madrugada, yo tampoco duermo”, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un acto celebrado en Maracaibo este domingo 19 de abril. “No estoy ajena de la situación”, aseguró Rodríguez, quien informó que ya está “en relación directa” con las empresas Siemens y General Electric “para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia”.
En su primera comparecencia ante el Parlamento en su condición de mandataria interina, Rodríguez anunció que crearía un fondo especial para recuperar y fortalecer los servicios públicos, teniendo como prioridad la electricidad y el agua.
“Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales atraviesan una grave crisis en Venezuela y siguen siendo invisibilizados ante el contexto político y social que vive el país”, denuncia la ONG Caleidoscopio Humano en su último informe, donde llama la atención sobre el “declive de los servicios públicos” y su impacto en la calidad de vida de los venezolanos.
La asociación civil registró en el último semestre un total de 617 denuncias de violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Detrás de los casos referidos a la inflación y la caída del poder adquisitivo, destacan los reclamos por las deficiencias de los servicios de agua potable y electricidad.
“Durante el 2025, el eléctrico fue de los servicios con mayor incidencia dentro del monitoreo, pues comunidades enteras permanecían sin electricidad y algunas de ellas tuvieron que solventar una solución autogestionada frente a la desatención por parte del Estado”, reseña Caleidoscopio Humano.
